El pasado viernes, la Cámara Baja de EU aprobó después de un intenso debate entre demócratas y republicanos un proyecto de ley que prohíbe la venta de armas semiautomáticas a civiles en su territorio y su fabricación bajo el concepto de “armas deportivas”, que no lo son. La propuesta legislativa aún debe transitar por el Senado en el que los demócratas solo cuentan con la mitad de los 100 votos disponibles y requieren 60 para avanzar hacia esa meta. Habrá que esperar el resultado de esa votación para hablar de un progreso.
Esta discusión se da en el contexto de la reciente resolución aprobada por su Suprema Corte en el que se amplía el derecho de portación de armas. Así como de las acciones normativas de naturaleza restrictiva que fueron aprobadas en días pasados, sumadas con otras de naturaleza preventiva que se anunciaron por Nancy Pelosi para su discusión. La regulación impactaría más de 200 tipos de rifles, incluidos el AR-15 y aquellos que cuenten con cargadores de por lo menos 15 cartuchos útiles.
Según los demócratas, las masacres perpetradas por agresores en cualquier escenario urbano en contra de la población civil estadounidense por causas que van del odio a la sinrazón se incrementaron hasta en un 500 por ciento en comparación a los eventos de esa naturaleza ocurridos mientras estuvo prohibida su venta. Lo que significó para nuestro País la disminución de la violencia con la vigencia de esa prohibición (1994-2004) y el aumento de esta, con la incorporación al comercio de la venta al menudeo de esas armas, principalmente en la frontera norte.
El debate no solo es jurídico y económico, pasa por el tamiz político. Las próximas elecciones son el referente entre demócratas y republicanos, hay muchos votos en juego. No obstante, el saldo de muertos y heridos es inaceptable aún en aras del ejercicio del derecho constitucional que alegan los políticos respaldados por la industria de las armas. El derecho a la vida es supremo. Para los demócratas la pretendida prohibición de venta de armas semiautomáticas no afecta el derecho del pueblo para adquirir, poseer y portar armas de fuego; para los republicanos constituye una restricción innecesaria y apelan a la popularidad de armas como el AR-15, y a la nomenclatura que los fabricantes usan al llamarlas “rifles modernos deportivos”.
Arindrajt Dubé, Oiendrila Dube y Omar García-Ponce concluyeron que la expiración en 2004 de la prohibición federal de Armas de Asalto ejerció un desbordamiento en el suministro de armas en los municipios mexicanos cerca de Texas, Arizona y Nuevo México, pero no en California, que mantuvo la prohibición existente a nivel estatal. Los municipios ubicados más cerca de los Estados fronterizos que no son de California experimentaron aumentos diferenciales en muertes, homicidios relacionados con armas y decomisos después de 2004. De ahí la posición del gobierno mexicano sobre la necesaria regulación y responsabilidad norteamericana en el incremento de la violencia; ese reclamo lo hicimos directamente al Congreso estadounidense desde el 2005.
Más allá del debate que se gesta entre demócratas y republicanos, se debe pensar en las vidas inocentes que se apagan, las familias y las comunidades afectadas, los valores sociales y la paz que se pierden. México es uno de los afectados indirectos de la decisión que se tomará. Que asuman su responsabilidad.
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