En el presente año nuestras fuerzas armadas han detenido a ocho importantes capos, sin embargo, a pesar de estos relevantes logros han afirmado, que no es descabezando las organizaciones como se combatirá el fenómeno, sino que hay que atacar las causas; la principal es el gran mercado que existe, y la creciente demanda de estupefacientes en todo el mundo.
El ciberespacio y las criptomonedas es la nueva frontera para la DO que se disputa el control de los mercados del crimen. El uso de estos activos virtuales para el blanqueo de dinero está aumentando. En su último informe la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), alertó a la comunidad internacional para que tomen medidas encaminadas a prevenir la explotación de los nuevos servicios y productos financieros, como lo son la billetera electrónica y las criptomonedas.
Un día antes de que se publicara el citado informe, el Presidente Biden emitió una orden ejecutiva para supervisar operaciones con criptomonedas, se pone énfasis en las finanzas ilícitas, y ordena a todas las agencias de su gobierno actuar de manera coordinada buscando su alineación con las recomendaciones de los organismos internacionales.
El informe refiere a dos Carteles mexicanos que, según la DEA, han lavado activos por 25 mil millones de dólares, numerario que seguramente proviene del mercado norteamericano. Esos son solo una parte de sus ingresos y para tener una idea de lo que representan, baste con decir que son 506,297 millones de pesos anuales, con lo cual se podrían construir 6 aeropuertos como el AIFA, o dos obras iguales al tren maya que se estima costará 230 mil millones de pesos, y, si tomamos en consideración que la Guardia Nacional tiene un presupuesto de 29 mil millones de pesos para su operación, dicha cantidad alcanzaría para 17 años.
Esta identificado su origen según la DEA y cuál es el medio que están utilizando, pero las divisas digitales no son su destino final, estos recursos se utilizan para corromper autoridades, comprar armas, financiar y expandir su actividad criminal. Como empresa que son, buscan aumentar sus ganancias y expandir su operación, pero como los dos grupos criminales mencionados controlan la actividad criminal en nuestro País, surge el riesgo que busquen el poder político o incursionar en el terrorismo internacional para controlar otra clase de mercados.
Las herramientas utilizadas en los inicios de este fenómeno para el combate a este flagelo siguen siendo las más efectivas, y que es aplicar el principio “follow the money”. En materia de violencia y delincuencia en nuestro País, la gravedad de los niveles alcanzados justifica en nuestra opinión, la utilización bajo ciertas circunstancias, de la figura de Extinción de Dominio, por la cual se revertiría la carga de la prueba sobre la licitud de nuestro patrimonio, y todos tendríamos que justificar su origen lícito.
La DO se ha convertido en una amenaza a la seguridad de nuestro País, y está afectando el disfrute de muchos derechos fundamentales de la población, por lo que se justificaría plenamente la limitación al ejercicio de algunos de nuestros derechos en beneficio de toda la sociedad. No se trata de hacer imputaciones criminales, eso debe de estar sujeto a otros estándares, lo que se buscaría es conocer el destino final de esos recursos que tanto daño nos están causando.
