Una de las primeras medidas que aprobamos en la nueva legislatura fue la creación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece las condiciones y procesos mediante los cuales podremos someter a juicio popular la continuidad del Presidente de la República en el cargo. La revocación de mandato es un instrumento de democracia directa en donde se pregunta a la ciudadanía si considera que un funcionario electo para un periodo determinado debe o no continuar con su encargo. El propósito de este mecanismo es empoderar a la ciudadanía frente a los abusos y la incompetencia de los malos gobernantes.
En América Latina, al menos siete países cuentan con algún mecanismo de revocación de mandato, ya sea para relevar al presidente de la República o a los gobernadores de entidades subnacionales. En México, más que del reclamo popular, la propuesta original de Morena para la revocación de mandato partió de una ocurrencia populista. Más que establecer opciones ciudadanas en contra del fracaso gubernamental y el abuso del poder, la bancada de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión buscaron establecer una plataforma de propaganda política y polarización en favor del presidente y de su partido.
Sin embargo, el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso cumplió su propósito y gracias a la negociación logramos reencauzar y corregir la ocurrencia populista. Como resultado de las negociaciones necesarias para su aprobación, se logró establecer como requisito que la ejecución de este instrumento sea solicitada por al menos 3% de la lista nominal electoral, correspondiente a al menos 17 entidades del país. Esto garantiza que sea la ciudadanía, y nos los partidos políticos o alguna entidad de gobierno, quienes realicen la petición de comenzar este ejercicio, pues no será un mecanismo obligatorio, sino que sólo podrá aplicarse cuando la ciudadanía así lo demande.
De acuerdo con la Ley aprobada, el periodo para convocar a la revocación de mandato será dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno. Una vez presentada la convocatoria, la consulta deberá realizarse hasta 90 días después de haberse presentado la solicitud. Como requisito valido de participación ciudadana deberá acudir a las urnas al menos 40 % de las personas inscritas en la lista nominal de electora y la revocación sólo procederá por mayoría absoluta.
Será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien se encargará de organizar el ejercicio, imprimiéndole su credibilidad y eficacia. El organismo electoral estará facultado para fiscalizar que los partidos políticos promuevan la participación ciudadana en este mecanismo de democracia directa, pero sin que puedan contratar espacios adicionales en radio y televisión para este fin, pues sólo podrán utilizar los tiempos oficiales del Estado; y podrá sancionar el uso de recursos públicos con fines de propaganda política.
Esto convencida de que la Ley de Revocación de Mandato, en sus términos definitivos, constituye un paso decidido hacia el empoderamiento ciudadano. La alianza legislativa de Va por México cosechó su primer triunfo al evitar que una propuesta populista trastocara por completo la esencia de un poderoso instrumento de defensa de la ciudadanía. A pesar de los ajustes obtenidos para que la nueva Ley cumpla con su propósito legítimo, la ciudadanía debe cuidar que el ejercicio de revocación de mandato no se convierta en un instrumento de propaganda política en favor del presidente en turno y que, por el contrario, se consolide como un instrumento político al servicio de quienes se sientan agraviados por su pésimo gobierno.
@cynthialopezc1
