Los dolorosos casos de feminicidio que han conmocionado a nuestro país en semanas recientes ponen de manifiesto que atravesamos una auténtica epidemia de violencia de género. Comparto la consternación expresada de manera prácticamente unánime ante los brutales asesinatos de Fátima, de Ingrid y de los más de 150 mujeres que tan sólo en lo que va de este año han perdido la vida por el solo hecho de ser mujeres. Algo está profundamente descompuesto en nuestra sociedad para que puedan presentarse casos como estos. En medio del dolor y de la indignación conviene preguntarnos qué podemos hacer para responder a esta epidemia de violencia y hacer realidad el clamor popular: Ni una más.
Un primer elemento necesario es tener sensibilidad sobre la naturaleza y la dimensión del problema. Es necesario entender que se trata de una crisis que reclama atención urgente por parte de todos los actores de la sociedad, en nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad. El gobierno, en sus tres órdenes y tres poderes, debe asumir la responsabilidad que le toca. La respuesta desde el púlpito presidencial ha sido poco menos que vergonzosa. En lugar de buscar culpables etéreos en los fantasmas del pasado y de alentar teorías de la conspiración desquiciadas, es urgente que el Poder Ejecutivo entienda que es su responsabilidad atender esta crisis y que para ello requiere políticas públicas basadas en evidencias. Los decálogos de buenos deseos no sirven para nada. Por respeto a todas las mujeres de México, pero en especial de quienes han sido víctimas de la forma más extrema de violencia de género y de sus familias, espero que el Presidente de la República rectifique su postura de suspicacia y descalificación frente a la exigencia legítima de justicia.
En lo que corresponde al poder legislativo, la brutalidad de los casos que cimbraron a la nación motivó una serie de respuestas expeditas por parte de los legisladores. El 18 de febrero, por votación unánime se aprobó una reforma al Código Penal Federal para endurecer las penas de prisión en contra de quien cometa feminicidio, así como multas más altas para los funcionarios que retarden la procuración de justicia a las víctimas. De igual manera, legisladoras de todos los partidos hemos expresado nuestra oposición a cualquier intento por eliminar el tipo penal de feminicidio actualmente recogido en el artículo 325 del Código Penal Federal. La tipificación de este delito, comenzando por Guerrero y la Ciudad de México en 2010, ha sido fundamental para darle visibilidad a la crisis de violencia de género que hoy azota al país. El plano simbólico no es trivial y las razones de practicidad procedimental que se aducen en defensa de esta postura no son convincentes. Nos están matando y es fundamental que el sistema de justicia lo reconozca.
Sabemos que cambiar las leyes no basta para cambiar la realidad; sin embargo, la causa feminista del combate a la violencia de género puede contar con el apoyo del mayor número de legisladoras en la historia para hacer todos los cambios que sean necesarios a la legislación para atender este problema. No puede haber un asunto de mayor relevancia para la legislatura de la paridad de género que detener la violencia contra las mujeres. Dicho esto, las medidas más efectivas para contener la crisis tienen que ocurrir en las comunidades, con políticas públicas y alianzas con los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en atender este problema. Es fundamental disminuir los costos que enfrentan las mujeres para defenderse: facilitar la denuncia, brindarles protección, dar créditos a la palabra y espacios seguros para que puedan huir de entornos hostiles. Es momento de fortalecer el financiamiento a los refugios para mujeres víctimas de violencia y revertir otras decisiones de política pública que han lastimado a las mujeres en su independencia y su capacidad de decisión. Este 9 de marzo sumémonos todas al paro nacional de mujeres. #ElNueveNingunaSeMueve
Diputada Federal. @cynthialopezc1
