Tenemos presupuesto para 2023 después de que hace unas semanas la Cámara de Diputados aprobó el proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que prevé un gasto de 8.3 billones de pesos para el próximo año. Como ha ocurrido en los últimos cuatro años, se trata de un presupuesto insuficiente, repleto de carencias y recortes en áreas prioritarias para asegurar el crecimiento del país y el bienestar de todos los mexicanos, por ejemplo, educación, salud e igualdad de género. De la misma manera, el presupuesto aprobado tiene un claro sesgo hacia programas sociales. Esto último es indicativo de los intereses del gobierno federal hacia las elecciones de 2024 y un foco rojo pues revela que este presupuesto no está hecho pensando en la gente, sino en cálculos electorales.
Este prepuesto se perfila para ser utilizado en campañas electorales y favorecer al partido en el gobierno. Prueba inequívoca de ello es que para 2023 se asignaron 871 mil 569 millones de pesos para programas sociales, lo que representa el mayor monto para este rubro en más de una década. Esto a pesar de que el número de programas sociales ha disminuido en los últimos años, al pasar de 100 en 2019 a 67 previstos en 2023. El programa de pensiones para adultos mayores es el que recibirá el mayor aumento presupuestal al crecer 36.6%, un récord histórico. Lo mismo sucede con la Secretaría del Bienestar que será la dependencia con el mayor presupuesto, lo que sin duda facilitará el gasto clientelar.
Otro tema que me preocupa como legisladora, como ciudadana y como mexicana, es el de la educación. El presupuesto contempla 945 mil millones de pesos este rubro, lo que equivale apenas al 3% del PIB estimado para el 2023. La educación es un pilar fundamental para México, sobre el que se construye el crecimiento y prosperidad futura de la sociedad. Invertir en educación es invertir en el talento y el futuro del país, porque permite a las personas el desarrollo de capacidades con las que podrán acceder a mejores empleos, contribuyendo así a la reducción de la desigualdad. Sin embargo, las cifras sobre gasto que se destina al sector educativo y a la promoción de actividades científicas y tecnológicas hacen dudar que estas actividades sean una auténtica prioridad de política pública para este gobierno. El gasto educativo como proporción del PIB sigue cayendo y es claramente insuficiente para cubrir las necesidades de los casi 38 millones de estudiantes que tiene este país.
En materia de igualdad de género, la historia se repite. En 2023 ocurrirá lo mismo que este 2022, pues el gasto presupuestado —346 mil millones de pesos— no sólo es insuficiente, sino que el anexo 13 para la igualdad entre hombres y mujeres tiene un serio problema de definiciones. Menciono esto porque este anexo contabiliza programas que se otorgan por igual a hombres y mujeres. Esto implica que no se da la importancia que merece al tema de género ni se están implementando acciones que contribuyan de manera efectiva a aliviar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. De los 87 programas que incluye el anexo 13, en realidad sólo 11 están enfocados exclusivamente a las mujeres. Más aún, en 2023 disminuirán los recursos para programas prioritarios como el de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras; el de salud materna, sexual y reproductiva; así como el de atención a víctimas. En un país en que las mujeres representamos el 51% del total de la población, es imperativo implementar acciones afirmativas que nos empoderen y nos ayuden a cerrar la brecha con los hombres.
Finalmente, creo que vale la pena mencionar el rubro de salud, que registra un aumento para 2023 de apenas 6.8 miles de millones de pesos, lo que representa un 0.8% comparado con el monto para 2022. No sólo eso, sino que además el paquete económico aprobado prevé recortes en el Insabi, el IMSS-Bienestar y se anticipa la eliminación del Fondo de Salud para el Bienesta r (Fonsabi), que cubre enfermedades de alto costo como cáncer o VIH/sida, padecimientos cuyo tratamiento implica gastos mayúsculos para cualquier familia. También los principales centros de salud del país como el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital Infantil tendrán un presupuesto más bajo. A esto hay que añadir la reducción de recursos en 25% al programa de suministro de medicamentos y al programa de vacunación.
El presupuesto para 2023 no sólo se basa en estimaciones macroeconómicas demasiado optimistas y en cálculos fiscales difíciles de cumplir; también es que un reflejo claro de dónde están las prioridades de la administración. Los números no mienten y este gobierno está perfilando todo para ejercer el clientelismo rumbo a 2024.
