El Instituto Nacional Electoral se ha convertido en el blanco de los ataques del gobierno. El Presidente y sus voceros se ha lanzado una campaña de intimidación y deslegitimación de la autoridad electoral. La causa inmediata de la disputa son dos decisiones tomadas de manera colegiada por el Consejo General del INE, pero la verdadera razón está arraigada en el temor que tiene el partido gobernante de sufrir una derrota estrepitosa en las urnas como castigo a sus pésimos resultados. Se trata de un paso más en la estrategia de desmantelamiento de las instituciones del Estado que sirven como valla de contención al ejercicio arbitrario del poder. Vale la pena analizar con cuidado ambas decisiones y preguntarse si existió en ellas alguna anomalía o si la autoridad electoral resolvió conforme a derecho.
En una decisión sin precedentes, el Consejo General del INE determinó la cancelación del registro a 49 precandidatos a cargos de elección popular por no presentar los informes de ingresos y gastos correspondientes a la precampaña. Figuran en la lista precandidatos a gobernador, presidente municipal, diputado federal y diputado local de 17 entidades federativas. No sorprende que la inmensa mayoría sean del partido Morena, que se caracteriza por su poca solvencia técnica y falta de observancia de la ley. Se trata de una decisión inédita, pero no irregular. Las consejeras y consejeros basaron su voto en una investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE con evidencia sobre propaganda pagada por parte de los precandidatos sancionados, a pesar de que no se ostentaran públicamente como tal. La sanción está claramente fundamentada en los artículos 229 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que estipulan la obligación de todo precandidato de entregar estos informes y como única sanción la pérdida del derecho a ser registrado como candidato.
La segunda decisión en cuestión fue un acuerdo por parte del Consejo General del INE para evitar la creación de mayorías artificiales en la Cámara de Diputados. No se trata de una decisión caprichosa de parte de la autoridad electoral, sino de hacer valer el límite de 8% a la sobrerepresentación que establece el artículo 54 de la Constitución Política. En principio no es una medida que afecte a algún partido en particular sino que contribuye a garantizar la pluralidad y representatividad de todos. Sin embargo, Morena se siente agraviado porque esta decisión le cierra la puerta para repetir el fraude legislativo que perpetraron en 2018, cuando obtuvieron 16% de sobrerrepresentación en la Cámara. El mecanismo para llevar a cabo este fraude fue registrar a candidatos que eran claramente de Morena en las listas de sus partidos satélites y una vez que llegaron a la Cámara se cambiaron de bancada. Este es el tipo de engaño que el INE busca frenar mediante medidas razonables como la verificación de la afiliación efectiva de los candidatos triunfadores. Como bien apuntó el consejero Ciro Murayama: “si a alguien le preocupa es porque no quiere respetar la voluntad popular”.
La reacción de Morena y de su líder nato ante estas decisiones de la autoridad electoral, que como vimos tienen fundamento en la Constitución y las leyes electorales, es muy grave y debe servir como un llamado de alerta para toda la población. Cada vez se perfilan con más claridad los tintes de centralización del poder y restauración autoritaria que animan al gobierno. El respeto al árbitro es fundamental para que exista confianza en los resultados de una contienda democrática. Las decisiones pueden no gustar, sobre todo cuando afectan intereses particulares o de grupo, pero igual deben acatarse y solventarse por los canales institucionales previstos por la ley. El ataque frontal al INE es un ataque frontal a la democracia que no podemos permitir. Quienes valoramos la institucionalidad democrática que tanto nos costó construir como país, tenemos que unirnos para oponer resistencia con la fuerza de nuestro voto. Nos va la democracia en ello.
@cynthialopezc1
