La gran controversia generada por la noticia de que México podría suspender su participación en la prueba PISA, la principal evaluación estandarizada internacional para medir los aprendizajes en lengua, matemáticas y ciencias de los jóvenes de secundaria, muestra una vez más la falta de planificación del gobierno de Morena. Se suma a las muchas evidencias de los altísimos costos de tener un gobierno incompetente: la falta de medicamentos en las instituciones de salud pública, que afecta a miles de niños con cáncer y pacientes con enfermedades crónico-degenerativas; la pésima coordinación en materia de vacunación contra el virus Covid-19 y la ausencia de un plan efectivo de seguridad pública, por nombrar sólo algunos.
El domingo pasado comenzó a correr la noticia de que México suspendería su participación en la prueba PISA. La filtración fue detonada por Mexicanos contra la Corrupción a partir de la declaración de un funcionario de la OCDE no identificado, quien aseguró que México no estaba participando en las pruebas preparatorias del estudio como lo había hecho siempre en el pasado. La desaprobación social generalizada no se hizo esperar y la secretaria de Educación tuvo que desmentir la noticia. Se trató, pues de una falsa alarma, pero con ancla en la realidad. No deja de ser sintomático que una noticia tan potencialmente descabellada resulte tan verosímil, pues resulta consistente con la resistencia obcecada del gobierno actual frente a cualquier tipo de evaluación independiente.
Desde el año 2000, la OCDE inició la aplicación de la prueba PISA alrededor del mundo, y México ha participado, cada tres años, en dicha medición. Al ser un instrumento periódico y comparativo, la prueba permite a los países conocer el nivel de avance y mejora que han logrado sus sistemas educativos nacionales. Gracias a este tipo de mediciones, los mexicanos sabemos que nuestro sistema educativo es desigual y presenta rezagos en la calidad de la educación y la infraestructura educativa. Además, PISA nos muestra los problemas a los que se enfrentan estudiantes y docentes: falta de infraestructura educativa, personal docente poco calificado, saturación de los grupos de estudio, entre otros.
Abandonar la prueba PISA significaría que perdiéramos una evaluación objetiva de la política educativa. Es conocido el desdén que tiene este gobierno al trabajo técnico, a los instrumentos de medición que evidencian su pobre desempeño en la administración del país, por ello, no sorprende que la SEP no haya asignado presupuesto para realizar los programas piloto de la prueba PISA, que debieron realizarse en 2020. El objetivo de la 4T ha sido recortar presupuesto de cualquier lado para destinarlo a obras faraónicas. La falta de planeación presupuestal para financiar las pruebas de PISA es reflejo de un mal mucho mayor: los recortes generales al presupuesto educativo. En 2020, el presupuesto total destinado a educación representó 3% del PIB, mientras que en 2015 el mismo fue de 3.7%, es decir, la 4T ha reducido casi 1% el presupuesto en educación.
Permitir que el gobierno abandone la prueba PISA sería condenar a nuestro sistema educativo nacional a la ausencia de diagnóstico sobre su calidad, su eficacia y su pertinencia. Si no conocemos las dimensiones de los problemas que enfrentamos, si no entendemos que es necesario contar con personas calificadas en la toma de decisiones en materia educativa, y permitimos que se mantenga esta administración desaseada y miope de la educación, retrocederemos lo poco que hemos avanzado en la mejora de la formación educativa de nuestras niñas y niños. Nos aseguran que no será el caso, pero no podemos bajar la guardia. Defender el derecho de la niñez mexicana a una educación de calidad es un plebiscito de todos los días.
Diputada federal.
@cynthialopezc1
