Como es ya del dominio de la opinión pública nacional, el pasado 20 de septiembre la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano” órdenes de aprehensión en contra 31 miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La demanda alude al presunto desvío de 50 millones de pesos —entre 2013 y 2018—, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., entonces órgano autónomo dentro del Estatuto Orgánico del Conacyt y espacio que, por casi dos décadas, permitió la participación de la comunidad científica y académica en la definición de políticas públicas encaminadas a promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el país.
Naturalmente, las acciones de la FGR provocaron el repudio de la opinión pública, la comunidad científica y académica mexicana, así como activistas defensores de los Derechos Humanos, que han denunciado la manera en que se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad. Sin duda, se trata de acusaciones desmedidas y desproporcionadas y constituyen actos de hostigamiento y persecución a investigadores y académicos que no sólo tienen el derecho a que prevalezca su presunción de inocencia (hasta que no se demuestre lo contrario), sino que han realizado contribuciones invaluables al conocimiento y al desarrollo de nuestro México.
Más de uno de los investigadores acusados me han compartido su angustia, zozobra y preocupación ante la posibilidad de ser perseguidos, detenidos y encarcelados en el penal de Almoloya. “Soy víctima de una acusación atroz sin fundamento. No he dormido ni comido en días por el miedo de que lleguen por mí y me lleven a un penal de alta seguridad”, me dijo una de ellas en una conversación privada.
Por esto, en mi carácter de Diputada Federal quiero aprovechar este espacio para respaldar públicamente a la comunidad científica mexicana. La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo que debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Es indispensable que el Poder Judicial de la República a mantenga su independencia e imparcialidad y defienda el Estado de Derecho, así como el orden establecido por la Constitución. Un posible uso irregular de recursos debe ser aclarado por las vías legales correspondientes, garantizando el debido proceso y utilizando de manera adecuada, racional y proporcionada el derecho penal y administrativo, así como los instrumentos legales para la rendición de cuentas.
No sólo esto. Es urgente que se garantice libertad absoluta a la comunidad académica y científica para realizar su trabajo. Asimismo, es imperativo frenar el desmantelamiento de los programas, cátedras y becas del Conacyt. Por el contrario, debemos trabajar para robustecer las capacidades en investigación científica de México. Es tarea y obligación del gobierno federal fortalecer el sistema educativo, estimular la investigación y fomentar la innovación, pues sólo así podremos crecer y avanzar como nación.
A toda la comunidad académica y científica mexicana que hoy se encuentra en el ojo del huracán le expreso mi solidaridad y apoyo plenos. Me sumo a los reclamos de instituciones como la UNAM, la UAM, El Colegio de México, El Tecnológico de Monterrey, entre muchos otros, que demandan justicia y repudian este agravio sin precedentes. Es inaceptable el acoso a nuestros intelectuales. Por el bien de México, no podemos ni debemos continuar con esta guerra en contra de la inteligencia.
