A pesar de los esfuerzos de la oposición, la iniciativa de reforma eléctrica que mandó el Presidente López Obrador se aprobó en ambas cámaras del Congreso sin moverle una sola coma. Salvo contadas y honrosas excepciones, los legisladores de la mayoría se subordinaron a la instrucción de su jefe e hicieron oídos sordos ante los muchos argumentos en contra de esta regresión. La reforma consiste esencialmente en cambiar el criterio para despachar la electricidad: en lugar de utilizar primero la energía más barata, como sucede ahora, la ley obligará a despachar primero la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad, sin importar que sea más cara o contaminante. Las implicaciones son desastrosas para la economía de las familias, para la recuperación económica del país, para el medio ambiente y para la democracia.
La consecuencia más sensible, en medio de la crisis económica que enfrentamos, es que se va a privilegiar artificialmente la compra de electricidad más cara. Esto inevitablemente se verá traducido en tarifas de luz más altas o, en su defecto, en deudas millonarias para todos, en caso de que el gobierno decida absorber los costos de la ineficiencia aumentando los subsidios. Ya sea mediante tarifas más altas o mediante la adquisición de deuda, esta reforma nos saldrá cara a los mexicanos. Más allá de los tecnicismos propios del sector eléctrico, la lógica es muy sencilla: si compras caro, tendrás que vender más caro. Con esta reforma, la luz será inevitablemente más cara.
Un segundo efecto de la reforma es que obstaculiza la transición hacia fuentes de energía más limpias, como la energía solar y la eólica, en las que México tiene un enorme potencial. En los últimos años, gracias al avance tecnológico, se ha vuelto cada vez más barato generar energías verdes. Sin embargo, con este cambio en los criterios de suministro, se desplaza a los generadores de energías limpias para darle preferencia a electricidad producida por fuentes contaminantes. La mayoría de la electricidad que genera la CFE sigue haciéndose con combustibles fósiles incluyendo el combustóleo, que es uno de los energéticos más contaminantes. Mientras el mundo avanza hacia fuentes más limpias de energía el gobierno de México decide apostarle a los combustibles que más contaminan, sacrificando el medio ambiente y pasándole la factura a las generaciones futuras.
El tercer efecto devastador será para la economía nacional porque con esta reforma se vulneran contratos y compromisos internacionales asumidos por el gobierno mexicano. Con este manotazo, las plantas de generación privadas que se instalaron en el país con las reglas anteriores van a sufrir pérdidas del orden de 40,000 millones de pesos. Esto no solamente lastima la generación de empleos por parte de las empresas que ya operan en México, muchas de las cuales se verán forzadas a suspender sus operaciones, sino que aleja la posibilidad de nuevas inversiones. Nadie quiere hacer tratos con alguien que cambia la jugada a la mitad del contrato y los que ya tienen el contrato firmado exigirán con justa razón que se les cumpla. El gobierno deberá enfrentar un aluvión de amparos y demandas millonarias por culpa de esta decisión y lleva todas las de perder.
Finalmente, esta reforma resulta por demás preocupante desde un punto de vista político pues está recuperando una práctica que no se veía en el país desde los años del autoritarismo más duro. El gobierno intentó hacer este mismo cambio mediante un acuerdo administrativo y ante los amparos y demandas de las empresas, la Suprema Corte de Justicia resolvió que se trataba de una medida que violaba la ley. La respuesta del gobierno es típica de las dictaduras: en lugar de ajustar su comportamiento a la ley, ajusta la ley a sus preferencias. Los votos en el Senado alcanzan para promover una acción de inconstitucionalidad, de manera que la palabra final regresará a la Suprema Corte. Por lo pronto, este episodio subraya que es fundamental arrebatarle a Morena y a sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo 6 de junio para frenar más atropellos y arbitrariedades.
Diputada federal.
@cynthialopezc1
