Hace unos días se logró una importante victoria en la Cámara de Diputados al frenar el intento del gobierno de cobrarle un impuesto a millones de personas, principalmente mujeres, que se dedican a la venta por catálogo. Más allá de las minucias legales, lo cierto es que esta es una batalla que se ganó en la calle, luchando hombro con hombro con más de 2 mil mujeres que se manifestaron pacíficamente para frenar esta medida. Esta debe ser la prioridad de quienes tenemos la enorme responsabilidad de ser representantes populares: escuchar y defender las causas de la gente.
Todos conocemos a alguien que se dedica a vender por catálogo. Es una actividad a la que muchos hemos recurrido en algún momento de nuestras vidas. La propuesta de miscelánea fiscal del paquete económico para 2020 incluyó un nuevo impuesto para quienes venden por catálogo. La propuesta planteaba obligar a las empresas que venden sus productos por este medio a retener el 10% del salario de sus trabajadoras. De cada 1,500 pesos, que es el mínimo que se debe cubrir en ventas, una vendedora se queda con alrededor de 500 pesos. Sobre esto, el gobierno quería embolsarse 50.
De haber prosperado, esta medida habría sido un claro caso de violencia económica contra las mujeres, pues 8 de cada 10 personas que se dedican a esta actividad son mujeres y 70% son madres solteras. También habría afectado desproporcionadamente a las clases populares. Según estimaciones de la Asociación Mexicana de Ventas Directas, el promedio de ingreso mensual de una vendedora oscila entre los 1,500 y los 3,000 pesos. Ese es el perfil de la ciudadanía que el gobierno puso en la mira con su propuesta impositiva: mujeres honestas y trabajadoras, que no descansan para poder ofrecerle a sus familias mejores condiciones de vida.
Afortunadamente, gracias al trabajo del Grupo Parlamentario del PRI, con el respaldo de otras fuerzas de oposición y la movilización popular de los sectores afectados, se logró frenar este impuesto. Reconozco públicamente la sensibilidad del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y de la bancada mayoritaria al haber tenido la disposición para rectificar a tiempo una decisión que habría afectado a uno de los grupos más vulnerables de la población.
Se trata, además, de un grupo de población que no cuenta con seguridad social ni con la cobertura básica de servicios públicos de calidad. Si en un futuro el gobierno insiste en que las mujeres que venden por catálogo le entreguen el 10% de sus ingresos, debería presentar de manera simultánea un programa para garantizar su acceso a la seguridad social. Es inaceptable que se busque cobrarle más a quien menos tiene al tiempo que desaparecen los programas para apoyarlos, como Prospera o las estancias infantiles. Sorprende mucho que un gobierno que se dice de izquierda busque perjudicar de esta manera a quienes menos tienen. Los diputados del PRI bajo la conducción de René Juárez Cisneros, quien respaldó la propuesta desde el inicio e impulsó fuera prioridad en la discusión, logramos impedirlo y seguiremos atentos defendiendo a las mujeres mexicanas, principalmente las jefas de familia. En los próximos días el presidente Alejandro Moreno Cárdenas recibirá en el PRI a los grupos de mujeres que encabezaron esta lucha, es momento de representar nuevas causas y garantizar la justicia social. Como legisladora, me siento profundamente orgullosa y con la gran satisfacción de haber logrado un verdadero cambio en la vida de las personas, particularmente de las mujeres.
Diputada Federal.
@cynthialopezc1
