Un espacio de articulación binacional s in precedentes encuentran los derechos humanos de las personas trabajadoras y migrantes en la Cumbre por la Paz 2023.
El trabajo forzoso, la explotación infantil, la falta de protecciones sociales y la negación a la libertad de asociación son violaciones a los derechos humanos en México y Estados Unidos que enfrentan personas migrantes, indígenas, afrodescendientes, mujeres y otras poblaciones vulneradas. Muchas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y de personas trabajadoras están identificando un punto de convergencia entre su trabajo de larga data en defensa de los derechos de las personas trabajadoras y migrantes, y las oportunidades que se presentan a través de los recientes cambios normativos.
Actualmente, son conocidas las consecuencias para las empresas en México que exportan sus productos a EE.UU. cuando estos involucran trabajo forzoso. Hay 6 quejas en el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC por violaciones, en parte, a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva, en donde la articulación binacional ha sido clave para el acceso a este mecanismo y el éxito (al menos en términos de procedimiento) de las quejas presentadas. En enero de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció una política de alivio migratorio para personas trabajadoras migrantes que enfrentan abusos. Este logro también se debe a la articulación de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de personas migrantes y las personas trabajadoras.
Recientemente, dos organizaciones que activamente inciden en las políticas públicas y las normas en la materia recibieron premios donde se reconoce su trayectoria: el Proyecto Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), que obtuvo el premio Gwynne Skinner de la International Corporate Accountability Roundtable (ICAR); y el Centro de Derechos del Migrante (CDM), que fue reconocido con el Premio Presidencial 2022 por Esfuerzos Extraordinarios para Combatir la Trata de Personas del Gobierno de EE.UU.
Una nueva vía se abre ahora en México para concretar la prohibición del trabajo forzoso en las cadenas de suministro de la región: el Acuerdo que establece el mecanismo para restringir el ingreso a territorio nacional de mercancías elaboradas total o parcialmente con trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado viernes 17 de febrero.
El surgimiento de este régimen a la luz de las disposiciones del T-MEC donde los requerimientos a la importación en materia laboral de EE.UU. se alinean cada vez más con la marcada tendencia en la Unión Europea de fiscalizar la actividad empresarial a través de diferentes normas de debida diligencia en derechos humanos, así como con los criterios ESG. Con ello, se evidencia un alza en los estándares de derechos humanos (laborales) que no se puede cumplir sin una mirada y articulación regional y global.
Ante este contexto, además de celebrar estos logros como parte del incansable trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, las personas trabajadoras y los movimientos sociales con
articulación binacional, no podemos más que preguntarnos: “¿Qué sigue?”. ¿Cómo aprovechar la oportunidad para que estos mecanismos sean accesibles y eficaces en su operación? ¿Cómo prevenimos mayores abusos? ¿Cómo integrar los movimientos de personas migrantes, indígenas, afrodescendientes y mujeres en la agenda laboral binacional para eliminar el trabajo forzoso y las condiciones de trabajo precarias? ¿Cómo interpelar los desarrollos normativos en Europa sobre debida diligencia en derechos humanos? ¿Cómo nos conectamos con los sindicatos independientes que surgen cada vez más y con una mayor base trabajadora en México?
La Cumbre por la Paz 2023 nos ofrecerá una respuesta y Fundación Avina, desde su Programa Futuro del Trabajo y la Empresa, co-moderará el Círculo Temático “Por una región con igualdad de derechos laborales” que relanzará el diálogo binacional desde su base.
Diana Figueroa Prado es experta en derechos humanos y empresas. Tiene una Maestría en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (LL.M) y un Certificado en Investigación Aplicada en Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra; una Licenciatura en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey; y un Diplomado en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora.
Actualmente, colabora en Fundación Avina, en el Programa Futuro del Trabajo y la Empresa. Fue Representante e Investigadora para México, Centroamérica y el Caribe del Business & Human Rights Resource Centre, y Coordinadora de Incidencia en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.
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