Con frecuencia, tendemos a considerar la seguridad pública como un ámbito que recae principalmente en las acciones del Estado. Solemos pensar que la seguridad de un territorio depende de lo que el gobierno haya hecho o dejado de hacer en ese sentido. En los últimos años, a esta perspectiva inicial se ha agregado la idea de que la ciudadanía también debe desempeñar un papel activo en la seguridad pública, desde denunciar la comisión de delitos hasta contribuir al cuidado del espacio público para mejorar la percepción de seguridad.
No obstante, en ambas concepciones se tiende a pasar por alto a un actor social de gran relevancia: el sector empresarial. Si bien este grupo a menudo se considera parte de la "sociedad civil", su importancia como agente de influencia es innegable y debería ser considerado de manera independiente. Reconocer esto permitiría involucrar a las empresas de manera más activa y destacada, dado que en el mundo contemporáneo su poder y participación en la economía global son incuestionables, llegando incluso a superar el PIB de numerosos países. En este contexto, es imperativo tomar en cuenta a un sector que se ve profundamente afectado por la inseguridad y que, además, puede contribuir significativamente a la solución del problema.
Incluso, en algunas ciudades del mundo, los empresarios, unidos como gremio, han logrado impulsar e implementar políticas y mecanismos de seguridad que han contribuido a mejorar la problemática de la inseguridad. Desde sistemas de autovigilancia para prevenir la extorsión a negocios, similares a los que implementan algunas comunidades con sus vecinos, hasta políticas públicas que se centran directamente en la mejora de espacios públicos con problemas, estas medidas han tenido un impacto positivo notorio. Reconocer el potencial y el papel activo del sector empresarial en la seguridad pública es fundamental para abordar de manera más eficaz este desafiante problema.
En un mundo cada vez más interconectado, el papel del sector empresarial va más allá de ser meramente un actor económico. Las empresas, especialmente las grandes corporaciones, tienen recursos significativos, alcance global y la capacidad de influir en múltiples aspectos de la sociedad. Al considerar el ámbito de la seguridad pública, es crucial aprovechar este potencial y movilizar a las empresas para que desempeñen un papel activo en la creación de comunidades seguras.
La participación del sector empresarial puede abordar una serie de desafíos relacionados con la seguridad, desde la prevención del delito en áreas cercanas a sus instalaciones hasta la inversión en programas de capacitación y empleo que ayuden a reducir la delincuencia. Además, las empresas pueden contribuir al fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de seguridad, brindando tecnología y recursos financieros para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.
Esta colaboración entre el sector empresarial, el gobierno y la sociedad civil puede ser un enfoque integral para abordar la seguridad pública. La participación activa de las empresas en la formulación de políticas y la implementación de soluciones puede llevar a resultados más efectivos en la reducción de la inseguridad y el fomento de entornos seguros para todos los ciudadanos.
