En este año en curso, hemos sido testigos de un avance histórico en la representación femenina en puestos de poder que antes habían estado en manos de hombres. Desde la presidencia de la Suprema Corte hasta las dos precandidatas a la presidencia de la nación.

Estas designaciones marcan un hito importante en la lucha de las mujeres por la igualdad de género y sin lugar a dudas se han dado gracias a las reformas de “cuota de género” que tuvieron lugar en nuestro país desde los años 90s. Estas reformas que aún se siguen impulsando, postulan que la sociedad, por diversas razones, no ha podido garantizar esta paridad de forma natural, por lo que es necesario que se establezca la obligación formal en la legislación. En otras palabras, la misma cantidad de cargos que tradicionalmente se reservaban para hombres ahora se destinan también a mujeres por obligación legal.

Sin embargo, es crucial comprender que el simple acceso de las mujeres a estos espacios no garantiza automáticamente que representarán de manera efectiva a las mujeres en general. Históricamente, muchas mujeres que han ocupado cargos de poder lo han hecho debido a su linaje familiar, como Cleopatra, la Reina Isabel o la Emperatriz Nefertiti, o bien han contado con el respaldo de plataformas políticas preexistentes, como Margaret Thatcher o Hillary Clinton. En ambos casos, el poder real tenía un origen masculino, lo que plantea interrogantes sobre si estas mujeres realmente representaron los intereses y las necesidades de las mujeres en su ejercicio de autoridad.

Es importante destacar que, en ocasiones, la posición de estas mujeres también estaba condicionada por la influencia de otros hombres en su entorno, lo que a menudo limitaba su capacidad para abordar las cuestiones específicas de género de manera efectiva.

Por lo tanto, aunque su ascenso al poder fue un avance significativo, no siempre garantizó un enfoque genuino en la promoción de los derechos y el bienestar de las mujeres. Por tanto, es importante considerar si el Estado debe ir más allá de la igualdad formal y enfocarse en empoderar a las mujeres de manera efectiva, brindándoles no solo la oportunidad de ocupar cargos, sino también el apoyo y los recursos necesarios para abordar cuestiones específicas de género y promover cambios reales en la sociedad en beneficio de las mujeres. Este enfoque aseguraría que la representación femenina no sea simplemente simbólica, sino que tenga un impacto significativo en la igualdad de género y en la vida de todas las mujeres.

Además, como mujeres que ocupamos posiciones en el servicio público, recae sobre nosotras la responsabilidad de servir como ejemplos y defensoras de nuestro género. Debemos dedicarnos incansablemente a promover la igualdad sustantiva en nuestra sociedad, trabajando activamente para superar las barreras de género y empoderar a todas las mujeres.

Nuestra labor no solo implica desafiar los estereotipos y las desigualdades de género, sino también fomentar un ambiente inclusivo en el que todas las voces y perspectivas sean valoradas por igual. Al hacerlo, contribuimos a la construcción de un futuro más igualitario y justo para todas las generaciones venideras.

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