La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una observación durante una conferencia matutina que causó revuelo: "Todavía cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de este tipo (como la liberación de Emilio Lozoya) nosotros respetuosamente interveníamos".
Aunque aparentemente inocente, este comentario desató una considerable polémica en los medios y entre los simpatizantes de la oposición. Titulares tendenciosos llenaron los periódicos, como "AMLO admite que intervino en decisiones de la SCJN durante presidencia de Arturo Zaldívar" o "AMLO revela que pidió a Arturo Zaldívar influir en jueces para tener fallos 'a modo'".
Es crucial detenerse a reflexionar sobre esto. En una democracia, todos tenemos el derecho a opinar, comentar y reflexionar sobre cualquier tema. En este contexto, el presidente tiene la libertad de expresar su opinión, incluso en su papel como jefe del ejecutivo, sin que eso signifique que haya condicionado, modificado o influido en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como señaló Norma Piña, actual presidenta de la SCJN, "La colaboración con los otros poderes no debe confundirse con subordinación".
La comunicación activa entre los poderes del Estado es fundamental para enriquecer la justicia social, alcanzar consensos, refinar ideas y ejecutar proyectos. Por tanto, en lugar de criticar o censurar este diálogo, debemos fomentarlo.
Durante décadas, se ha luchado por garantizar la independencia del poder judicial. Se han promovido reformas legislativas, se les ha otorgado un presupuesto autónomo y se han impulsado programas académicos para fortalecer su independencia. Por lo tanto, es importante entender que este ataque mediático también representa una amenaza a su autonomía, al difundir ataques denigrantes, mentiras y calumnias. En última instancia, la única amenaza real a la autonomía del poder judicial es la difamación mediática de los últimos días.
