La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, que cerró hace un par de semanas con cifra récord en número de visitantes tras nueve días de celebración a los libros, la literatura y el pensamiento intelectual, dejó varios pendientes para la discusión. Como cada año, pero quizás éste con más intensidad, fue el espacio donde se pusieron sobre la mesa las problemáticas que atraviesa la cadena del libro independiente en México, tal como lo señalaron editores mexicanos en diálogo con sus pares de la Unión Europea. La situación más urgente de la “compleja realidad mexicana”, como la definió el editor y librero Carlos Armenta, es que México sigue siendo un país sin librerías pues solamente el 0.6% de los municipios de todo el país tiene librerías, panorama que se agrava con la ausencia total de políticas públicas que permitan mejorar el ecosistema editorial para que la edición independiente “encuentre un piso parejo en relación a los grandes grupos”. El tiro de gracia es que existe una amplia red de bibliotecas, pero está muy precarizada, y no se alientan compras al sector de los pequeños editores. El problema no es nuevo, pero se ha acentuado a grados extremos.
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Y hablando de la cadena del libro, los editores mexicanos han echado campanas al vuelo luego de ver que ya han publicado, y entrado en vigor, los decretos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones y artículos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en materia de precio único de libro y libro digital, y de la Ley General de Bibliotecas, que en este último caso el gremio calificó como logros legales por los amparos interpuestos. Pero, siempre hay un negrito en el arroz, y aquí hay uno negro y gigantesco: se publican decretos, pero sigue sin haber desde el Estado políticas públicas que fomenten la cultura del libro y la lectura en México. Allí las cosas, de plano, no avanzan, y parece imposible que puedan avanzar, aunque ya vayamos enfilados por el segundo piso. (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com).