Conahcyt sigue usando tiempo y recursos para decir al mundo de las redes sociales —donde se manifiestan principalmente los estudiantes afectados por sus políticas— que no dan menos becas de posgrado y que las convocatorias y resultados tienen “criterios claros y transparentes”. Ya se ha explicado que el aumento de presupuesto en términos reales (es decir, sin considerar la inflación) no representa un aumento verdadero de presupuesto y que también existe el factor de que el Consejo ha hecho subejercicio de éste. Pero en esta ocasión queremos destacar que Conahcyt no publica desde 2021 su Informe general del estado de la ciencia, tecnología e innovación, en donde se detallaba cuántas becas nuevas se dan al año. Incluso en su nueva ley de ciencia se comprometieron a entregar un informe nacional sobre el estado general que guardan las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación en México cada año (léase el Artículo 63 y 68 de la Ley HCTI). La transparencia de ese dato dejaría en claro si se han dado más o menos becas en estos tres años. ¿Por qué no transparentarlo si “Conahcyt reitera su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, como publicó el Consejo y la propia María Elena Álvarez-Buylla? Hace casi un mes pedimos a Conahcyt información al respecto, pero hasta la fecha no hay respuesta.

Y en CIDE, Romero Tellaeche esconde documentos

De nueva cuenta, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó a José Antonio Romero Tellaeche a mostrar la documentación oficial que compruebe la legalidad en el cambio de los estatutos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los cuales se modificaron en diciembre pasado. La información fue dada a conocer por Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, en sus redes sociales, donde explicó que un ciudadano solicitó los documentos aprobados por el Consejo Académico para modificar los estatutos, los cuales fueron declarados como inexistentes también por la dirección del Centro en diciembre pasado. De comprobarse que esos documentos son inexistentes, podrían llegar sanciones, que van desde multas económicas a la separación del cargo como director. Y peor aún, se comprobaría que se modificó, de forma unilateral, el estatuto de un Centro Público. Veremos qué responde la dirección del CIDE.

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