Por Adrián Fernández Bremauntz
México informó al mundo en noviembre pasado una transformación positiva en su política de cambio climático al establecer mayores compromisos de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París. La estrecha y preferente relación comercial que mantiene nuestro país con los Estados Unidos y el liderazgo en materia climática que está demostrando la administración del presidente Biden nos ofrecen una oportunidad excepcional… quizás la última que tendrá la administración del presidente AMLO para embarcarse en una auténtica transición energética que beneficie social, económica y ambientalmente a la nación.
Es evidente que en los últimos dos años ha habido una evolución positiva del discurso y un avance en el entendimiento de los temas fundamentales relacionados con la energía y el cambio climático por parte del presidente de México. Las cuatro visitas del secretario Kerry han sido de gran utilidad para explicarle a AMLO sobre las enormes oportunidades que tenemos de utilizar energía limpia y barata para propulsar el desarrollo económico de nuestro país y para sumarnos los esfuerzos internacionales por combatir el cambio climático.
Es una lástima que ni la Secretaría de Energía (Sener) ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le hayan informado oportunamente a AMLO sobre la acelerada transición energética que, basada en las energías renovables, se está dando en todo el mundo y, sobre todo, que tampoco le hayan explicado al presidente que hoy es más barato producir electricidad con energías renovables que con las energías fósiles promovidas por esas instituciones.
La pregunta clave no es si el Estado deba o no monopolizar la generación y suministro de electricidad, aunque en la inmensa mayoría de los países del mundo se permite y regula la inversión privada en la generación de energía. Más allá de contrastar modelos estatistas contra modelos de apertura al capital privado, se trata de un asunto práctico. Los gobiernos no cuentan con suficientes recursos para satisfacer la demanda de electricidad sólo con plantas financiadas con dinero público. Pero los gobiernos sí cuentan con el mandato de establecer reglas claras sobre las formas en la que debe darse la inversión privada en materia de energía.
Hasta ahora, el error garrafal de este gobierno en materia de energía ha sido mezclar su modelo ideológico estatista con el tipo de matriz energética que le conviene a México. Con el potencial de energía eólica, solar y geotérmica que tiene nuestro país, la CFE debería de convertirse en la campeona mundial de las energías renovables. Esto si es que quiere ser la propia CFE la que genere la electricidad necesaria para atender la creciente demanda de energía que observamos.
En la COP27 de cambio climático celebrada en Egipto en noviembre de 2022, México se comprometió a reducir en 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el sector que tiene el mayor potencial de reducción de emisiones es precisamente el de la generación de electricidad. Por tanto, la implicación más directa y fuerte de la nueva meta climática de México ante el mundo es que la política energética de la actual administración debe cambiar de forma inmediata y radical. Punto. Si no lo hacemos continuaremos cayendo en enormes contradicciones e incongruencias, pero sobre todo continuaremos perdiendo un tiempo muy valioso. La administración del presidente AMLO todavía puede ser la que catapulte con fuerza una transición energética: racional en lo económico, justa y equitativa en lo social y ambiciosa en lo ambiental.
La cooperación con el presidente Biden y los Estados Unidos ofrecen una oportunidad única: La última llamada a la presente administración para reaccionar y corregir el rumbo para beneficio del país en materia energética.
Si México quiere demostrar que su nuevo compromiso climático no es sólo en el papel y en las palabras, el presidente AMLO debe instruir a su gabinete a que de inmediato se dejen de bloquear y retrasar los permisos para los nuevos proyectos de renovables; se garantice un despacho de electricidad que privilegie a las fuentes más baratas y más limpias; se realicen inversiones en la expansión y fortalecimiento de la red eléctrica; se lancen de nuevo las subastas de largo plazo para proyectos de energías renovables focalizados en zonas prioritarias; se implemente a gran escala el programa Hogar solar para la instalación de millones de techos solares en viviendas de ingreso y consumo modestos y se desarrolle una ruta acelerada para dejar de usar carbón, garantizando un mejor empleo y nivel de vida para los mineros involucrados en esta actividad.
Estas son sólo algunas de las medidas fundamentales que la administración de AMLO puede emprender cuanto antes para mostrarle al mundo que México es un aliado en la lucha contra el cambio climático. Este tipo de medidas demostrarán con hechos al presidente Biden que AMLO puede recapacitar y que en materia de energía prefiere la cooperación en vez del conflicto comercial creado por el boicot ilegal que las agencias del sector energía han impuesto a las empresas que invierten en México. Los grupos de la sociedad civil, expertos y académicos de México sin duda apoyarían la implementación de este urgente cambio de políticas energéticas en beneficio de las futuras generaciones.
El autor es panelista de 1.5 grados para salvar al planeta y Director Ejecutivo fundador de Iniciativa Climática de México
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