Avances tímidos y grandes retrocesos. Es la constante en una nación que no acaba por darse cuenta que proteger el medio ambiente es una cuestión de política pública y de vida o muerte.
Repasemos el año que se queda atrás con la mirada de quien se preocupa por la naturaleza. Haciendo una evaluación sobre el 2022 en nuestro país, nos damos cuenta que no fue un buen año para el medio ambiente. México continuó como uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales; la mariposa monarca (Danaus plexippus) se clasificó como especie en peligro de extinción; las comunidades forestales lidian con la presencia de grupos del crimen organizado y la falta de vigilancia hace que aumenten delitos como la pesca ilegal.
Además, en la península de Yucatán, megaproyectos como el Tren maya avanzan destruyendo la selva, desdeñando las leyes ambientales y haciendo a un lado la voluntad de comunidades indígenas, eso sin profundizar en la militarización creciente en la región.
El asunto es que no se supone que nos vaya mal en el tema ambiental. Al contrario, en México tenemos el privilegio de ser uno de los más biodiversos del planeta: somos la nación con más especies de pinos; la que alberga al mayor número de mamíferos marinos; la que ocupa el segundo lugar en especies de reptiles y una de las cuatro si se habla de variedades de plantas vasculares. Pero esa diversidad que da identidad a un territorio y que forma parte de nuestro patrimonio se desvanece cada que pasa un año sin que la naturaleza se atienda como lo que es o debería ser, una absoluta prioridad nacional.
Siendo totalmente honestos, este no es un problema únicamente del gobierno actual, y no se trata de justificarlos, pues al final del día siguen siendo responsables y omisos en la protección del ambiente; pero es verdad que históricamente nuestro país no se ha caracterizado por integrar la conservación de su patrimonio natural como un asunto vital.
Es decir, no acabamos por integrar las políticas ambientales en el ADN de la estructura legal y la política nacional. Tomemos como ejemplo lo que sucedió en la COP27 celebrada en Egipto donde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció un aumento de la meta de reducción de emisiones de 22% a 35% para el año 2030. Esta nueva actualización incrementa 5 puntos porcentuales a lo anunciado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 8 de noviembre que establecía un objetivo de 30%. Estas metas se suman a nueve acciones que incluyen soluciones basadas en la protección de los recursos naturales, el transporte con bajas emisiones y la generación de energías con baja huella de carbono.
El elemento central de las medidas basadas en la protección de recursos naturales es el programa Sembrando Vida, el cual contará con un presupuesto de 37 mil 137 millones de pesos en 2023 y busca una mitigación anual de 4 millones de toneladas de dióxido de carbono (MtCO2) a través de la siembra de 100 millones de árboles en 2023 para una meta final de mil 188 millones.
Sin embargo, este programa aún no cuenta con sistemas de monitoreo y geo-referencia, ni con mecanismos de seguimiento, evaluación y reporte de captura de carbono, que ayuden a evaluar su cumplimiento. Además, durante el primer año del programa solo sobrevivió 7% de los árboles plantados.
En México, la propuesta de transporte de bajo carbono retoma el Pacto de Glasgow por la electromovilidad, el cual evitará una emisión anual de 30 MtCO2. Para llegar a esta meta México necesitaría que en 2030, el 50% de los vehículos vendidos en el país sean cero emisiones. Lo que significa que se tendrían que vender como mínimo 600 mil vehículos eléctricos al año, un volumen difícil de alcanzar en 7 años sin políticas públicas que incentiven la inversión.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el 2021 se vendieron a nivel nacional tan solo 47,079 vehículos ligeros híbridos y eléctricos. Además, vender vehículos eléctricos de cero emisiones a partir de electricidad fósil (en el caso de que la matriz energética del país no avance hacia las energías renovables) solo traslada el punto de emisiones del vehículo a la planta de generación eléctrica. El incremento de vehículos eléctricos debe ir acompañado necesariamente de un aumento en la generación de electricidad renovable y limpia.
El país pretende aumentar la generación de energías renovables durante los próximos 8 años, tales como energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, con el objetivo de llegar a los 40 GW (Gigawatt). Esto implicaría incorporar más de 25 GW de nueva capacidad a la actual matriz energética. Con ello se reduciría la emisión de 52 MtCO2 al año.
Esta meta forma parte de un proyecto en conjunto con Estados Unidos que representa una inversión de 48 mil millones de dólares. Sin embargo, aún no queda claro cómo se lograría este objetivo, pues en los hechos el actual gobierno ha implementado barreras para la implementación y operación de centrales de energía renovable.
Necesitamos un marco jurídico que atraiga proyectos que nos ayuden a alcanzar la tan anhelada transición energética, sin embargo, nuestro país va en contrasentido con el resto de los países que caminan a pasos acelerados para alcanzar la descarbonización.
Pero, esto no es nuevo, nuestros gobiernos tienen una facilidad por declarar una cosa y hacer algo totalmente diferente. Recordemos que en la década de los setenta y hasta principios de los ochenta desde el mismo gobierno se fomentó la deforestación para impulsar la agricultura y la ganadería, esto con el Programa Nacional de Desmontes. Fue hasta la década de los noventa y como respuesta al impulso internacional, que el país comenzó a diseñar leyes e instituciones dedicadas a la protección del ambiente.
Si bien hemos tenido avances en la materia como la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual es el eje rector en la política ambiental y el detonador de la creación de todo el andamiaje institucional para alcanzar la sustentabilidad nacional; la creación de la hoy —por desgracia casi extinta CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad)— la cual marcó un hito a nivel internacional ya que pocos países cuentan con el acervo sobre la riqueza biológica que nosotros tenemos hoy en día.
Sin embargo pareciera que jugamos a ser avestruces metiendo la cabeza en la tierra. La emergencia climática que se vive en el mundo nos ha alcanzado. Los científicos urgen a detener la pérdida de ecosistemas y de especies, a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y a proteger el conocimiento ancestral; y nosotros seguimos, no solo sin darle un real protagonismo a estos temas, sino por el contrario en la administración actual el ataque y destrucción del ambiente ha sido una constante.
Es momento de actuar, necesitamos preguntarnos: ¿qué nos toca hacer? Mantenernos informados es el primer paso, para poder exigir consistentemente al gobierno acciones contundentes para integrar la protección del medio ambiente como una prioridad nacional y de ahí generar las leyes y políticas más adecuadas para su real protección, incluyendo a todos los sectores involucrados.
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