Por TANIA MIJARES
El Tren Maya es sinónimo de destrucción. La obra emblemática de la actual administración atenta contra la naturaleza, el sistema cárstico de la península de Yucatán, las comunidades mayas, y de los misterios que hasta hace algunos meses guardaba la antes imperturbable selva de nuestro país.
En la lucha contra este gusano devorador se han interpuesto recursos legales y amparos que han sido otorgados y violados sistemáticamente por las autoridades federales que están dispuestas a no frenar el ecocidio con tal de ver al gigante de acero surcar la jungla antes de terminar el sexenio.
A pesar de todo, recientemente se realizó una reunión que arrojó esperanza. Me refiero a la 8va. Edición del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. El trabajo de este tribunal tiene como objetivo amplificar las voces de la Naturaleza a través de los afectados, los activistas y los académicos. El Tribunal tiene un fundamento totalmente ético y es independiente a los Estados, partidos políticos y corporaciones. Su composición se logra gracias a la integración de reconocidos activistas e intelectuales del mundo entero.
Esta convocatoria fue hecha por las comunidades mayas afectadas y la sociedad civil organizada. Los miembros del Tribunal, tras escuchar los testimonios y recibir la evidencia, condenaron los numerosos atropellos que implica este megaproyecto y dictaminaron que se encontraban ante un grave proceso de violación de los Derechos de la Naturaleza y de violación de los derechos de los pueblos. Además, constataron que no existieron consultas de buena fe en el marco de los estándares internacionales. Este panorama preocupante va configurando los crímenes de ecocidio y etnocidio.
La demanda del Tribunal es contundente: se debe detener el proceso de despojo y la expropiación de la tierra ejidataria a las comunidades y se debe revisar todo el proceso de enajenación de la misma. El señalamiento no admite ambigüedades. El responsable de la violación de los derechos humanos individuales y colectivos, así como los derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya no es otro sino el Estado Mexicano.
Por si no bastara, el Tribunal advirtió que existe suficiente documentación que confirma la violación de todas las herramientas de protección social y ambiental. Ante ello exigió la suspensión inmediata del proyecto y exige una auditoría independiente interdisciplinaria e intercultural, que incluya a las poblaciones afectadas, las cuales presentaron sus alegatos por el paso de este proyecto ferroviario.
Me permito la cita textual para resaltar uno de los puntos más contundentes del veredicto final: “Exigimos la desmilitarización inmediata del territorio hacemos un llamado urgente al Estado, a todas las instancias defensoras de los derechos humanos en México y de los organismos regionales e internacionales como el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a garantizar la vida de todos aquellos y aquellas que cuestionan el Tren Maya y los proyectos conectados a este”.
Hoy más que nunca, la lucha por la defensa de la naturaleza y la justicia ambiental exige que revisemos los acuerdos internacionales. Entre las violaciones al Derecho Internacional que detectaron los integrantes del Tribunal está el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 que indica que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados.
Además el Tribunal alegó la violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al artículo 2 y artículo 6 sobre la consulta a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, entre otros.
¿Qué impacto tiene estas resoluciones? Por lo pronto, el llegar directamente a los oídos del Presidente López Obrador que en la conferencia matutina del 23 de marzo calificó de “mercaderes” a los integrantes del Tribunal. Pero más allá de este tradicional intento de desprestigio por todo aquello que le parezca contrario a sus ideas, resulta fundamental poner en relieve los instrumentos jurídicos con los que contamos la comunidad internacional para encarar poderes fácticos y caprichos totalitarios.
Hoy quienes defendemos la Naturaleza y estamos ocupados en evitar la pérdida masiva de especies y la destrucción de territorios estamos en pie de lucha y nos asiste el Derecho Internacional para regular a la humanidad. Como decía la pionera ambientalista Rachel Carson: "En lugar de controlar la Naturaleza, lo que debemos controlar es la conducta humana."
Directora Relaciones Institucionales B + F y panelista del programa 1.5 grados para salvar al planeta.
