Ing. Héctor González Reza
Comité de Normatividad del CICM
¿Qué tiene que ver la Infraestructura con la Seguridad Nacional?… pues todo y nada. Todo, porque en caso de peligro y emergencia, será usada para mover materiales de guerra, tropas, suministros, evacuar a la población… y Nada en tiempos de Paz, cuando solamente debería cuidarse la buena marcha del país y la generación de empleo.
Pero nuevamente hemos visto como en nombre de la Seguridad Nacional se siguen tomando decisiones que afectan al desarrollo ordenado que requerimos como país y crean un ambiente de incertidumbre a las inversiones, como es el reciente Decreto para la ocupación temporal de tres tramos ferroviarios en el Sureste concesionados a un importante consorcio.
Recordemos que México tuvo muchos problemas antes de iniciar la construcción de las primeras vías de ferrocarril. Medio Siglo XIX se nos fue en luchas internas por el poder que impidieron el progreso y fue hasta 1874 que se inauguró el tramo México-Veracruz. Después, cuando por un largo período al fin tuvimos continuidad en los planes de gobierno, ésta se aprovechó para impulsar mediante concesiones este medio de transporte y con ello la modernización del país. Más tarde, los diez años de Revolución destruyeron buena parte de esta infraestructura y hubo que iniciar la reconstrucción apenas alcanzada la estabilidad política. Así, cuando el país pudo hacerse cargo de los trenes y sus vías, éstos se nacionalizaron y terminaron las concesiones al crearse los organismos públicos: Ferrocarriles Nacionales de México; del Pacífico; Sonora-Baja California, y Unidos del Sureste.
Desafortunadamente con el tiempo y a pesar de que contaron con destacados ingenieros civiles, estas empresas estatales fueron prácticamente acaparadas y exprimidas por sus sindicatos, y quebradas; aun así, un líder sindical fue premiado con la Dirección General. Muchas administraciones
fueron irresponsables, hubo negligencia y corrupción. Entonces el Gobierno decidió en 1995, que este servicio público podía y debía ser concesionado para llevar a cabo la urgente renovación de locomotoras, carros, maquinaria, de vía, y realizar las adecuaciones geométricas al trazo, las ampliaciones, los libramientos a centros de población, el cambio de durmientes y de rieles, la rehabilitación de puentes, la dignificación de estaciones y la mejora operativa del servicio de carga y de pasajeros.
Como era y es un servicio estratégico, es que el Estado no podía aplazar más el dotarlo de los recursos necesarios para que operara con los niveles de eficiencia que el país demandaba para elevar la competitividad, y fue así que se concesionó para que lo mejoraran quienes sí tenían los recursos, manteniendo el Estado la rectoría como puede leerse en los títulos de concesión, que por cierto son muy claros en cuanto a derechos de paso y de arrastre, reconociendo en todo momento que se trata de una Vía General de Comunicación.
El caso es que se ha dado una mala señal a quienes tienen interés en participar en el Proyecto del Corredor Interoceánico, concretamente en el establecimiento de Diez parques industriales, los cuales no pueden promoverse ni desarrollarse sin el concurso de la Iniciativa Privada, pues el Gobierno no tiene la capacidad ni la experiencia para planear por sí solo adecuadamente estos espacios y elaborar los estudios necesarios, ni para proyectar y construir la infraestructura e instalaciones que requieren: accesos, vialidades, naves industriales, subestaciones eléctricas, pozos y redes de agua potable y alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas contra incendio, fibra óptica y manejo de residuos, entre otros.
Ojalá que la temporalidad de la ocupación no se extienda y que la Seguridad Nacional se atienda en la verdadera perspectiva que a todos nos preocupa.
