Roberto Aguerrebere Salido
Coordinador Adjunto del Comité de Infraestructura, CICM
Miembro de los comités de Planeación, Desarrollo Urbano y Turismo,
Financiamiento e Infraestructura del Transporte, CICM
Sobre infraestructura.
Una de las prioridades que deberíamos tener en México es el desarrollo de infraestructura. Infraestructura para la salud, para el descanso y el abrigo cotidiano - y el refugio en caso de emergencias de diversas índoles -, infraestructura para la educación, para el abasto de agua - y su desalojo, tratamiento y control -, para el abasto de alimentos y acceso a bienes, para la producción y suministro de energía, para la comunicación entre las personas, para la recreación y convivencia… todo ello con seguridad y sustentabilidad.
Evidentemente el desarrollo de infraestructura no constituye un fin en sí mismo, no por los empleos temporales que genera durante su construcción, ni por los permanentes que genera su operación y mantenimiento. La infraestructura es indispensable para atender las necesidades de la población, tanto las rezagadas como las derivadas del crecimiento poblacional. Y es indispensable tanto en las ciudades y regiones en donde se encuentra y crece la población, como en donde conviene que crezca porque ahí puede haber lo necesario para su asentamiento con mayor bienestar. Tiene pues una dimensión demográfica indisociable, en cantidad, pero también en calidad, y otra dimensión geográfica procedente de su expresión territorial.
Decidir qué infraestructura, dónde, cuándo y cómo construirla, debe entonces ser en función de tales necesidades y oportunidades presentes y futuras por atender, lo cual implica un proceso complejo: ¿quién debe asumirlo?
La infraestructura es la base material de las actividades económicas y sociales, pero no es un hecho que se construya y administre de manera que sirva a la sociedad de manera equitativa y salvaguardando el medio ambiente. Garantizar que la infraestructura sea plenamente incluyente requiere de la participación y los esfuerzos combinados de los actores sociales.
Así, los retos para tomar decisiones acertadas incluyen la eficiente coordinación y asociación de agentes públicos, económicos y académicos, es decir, de gobiernos federal, estatales y municipales, empresarios y expertos especialistas, de iniciativa pública e iniciativa privada y sociedad civil organizada.
La coordinación debe ser también internacional, pues implica que la industria de la infraestructura trabaje en asociación, ya que ninguna empresa, organización o país por sí solo puede gestionar los numerosos y variados desafíos económicos, políticos, medioambientales y sociales en este mundo interdependiente.
Una eficaz coordinación demanda la mejora, combinada, de las habilidades humanas, tanto en los gobiernos como en la industria de los sectores de infraestructura, esto es, recursos humanos apropiados a nuevas cadenas de valor y procesos industriales (4.0), incluyendo al trabajo interdisciplinario en equipo.
Las nuevas cadenas de valor deben incorporar la disponibilidad de datos y la capacidad de obtener información sobre el funcionamiento de la infraestructura, gracias a la digitalización y con Inteligencia Artificial, así como la capacidad tecnológica de la industria, incluyendo el uso de nuevos materiales y el reciclaje (economía circular), las fuentes de energía “verdes”, el aprovechamiento de sensores y del Internet de las cosas, para construir “infraestructura inteligente” que “avise” de su deterioro, avanzando en la conformación de modelos y gemelos digitales, así como tecnología para la colaboración efectiva en el sitio de construcción (“in situ”).
Tales cadenas de valor deben tener en cuenta la condición de la infraestructura existente y su deterioro, el incremento de eventos desastrosos por diversas causas antropogénicas o naturales, incluyendo causas y efectos del cambio climático y la atención a la seguridad durante la producción de la infraestructura y a lo largo de su operación.
Y hablando de cadenas de valor e infraestructura, uno de los temas de gran actualidad es, sin duda, la transición a la electromovilidad, ya que ésta constituye una de las mayores transformaciones industriales en marcha, a nivel internacional. En México tiene especial presencia, entre otras razones, por el peso de la industria automotriz en la economía nacional y su integración económica en América del Norte.
Sobre electromovilidad
La electromovilidad puede contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y con ello, a mitigar los efectos del cambio climático que inciden en todas las actividades económicas. Sin duda puede contribuir a reducir muy significativamente la emisión de gases que dañan la salud de la población que, mayoritariamente, habita en las ciudades.
Para maximizar los beneficios de la electromovilidad, se considera conveniente iniciar con una política orientada a la electrificación del transporte público, incrementando y sustituyendo los vehículos de combustión interna por vehículos y sistemas de tracción eléctrica, desde trenes urbanos (ligeros, tranvías, metro) hasta autobuses de distintas capacidades.
Para ello, parece conveniente acordar la sustitución de parques vehiculares y de nuevos sistemas, vía la concertación entre autoridades de movilidad y transporte público de las principales conurbaciones y ciudades de todos los estados del País, para coordinar compras consolidadas que permitan, no sólo mejorar los precios de adquisición y garantizar la proveeduría de componentes y servicios para su óptimo mantenimiento, sino, especialmente, contribuir a la formación de cadenas de suministro con gran integración nacional en la producción de dichos vehículos y sistemas.
Poner el ejemplo con el transporte público permitirá atraer usuarios ambientalmente conscientes a esta modalidad de transporte, mayoritariamente jóvenes, y reforzar el respaldo político a la inversión en este sector y en el uso ambiental y socialmente apropiado de los espacios y vialidades públicas, reduciendo la congestión y, eventualmente, la pérdida de horas en trayectos cotidianos de la población urbana del País.
La asignación de recursos y esfuerzos para la selección de tecnologías y las ubicaciones idóneas de centrales de generación, de líneas de transmisión y de distribución para proveer la energía necesaria para la operación de sistemas y recarga de baterías, así como la definición de fuentes y diseño de esquemas de financiamiento, podrán entonces atenderse y articularse en consistencia con políticas públicas multisectoriales.
El mercado de vehículos eléctricos para uso privado (o personal) y los de la industria correspondiente podrán, por su parte, continuar su transición en el marco de las políticas de reducción de emisiones urbanas, con apoyo normativo para el uso preferente de vehículos eléctricos ligeros de alquiler.
