Ing. Ricardo Erazo García Cano
Coordinador del Comité de Financiamiento del CICM
En el marco de la reciente aprobación del paquete económico 2025 se identifican requerimientos de inversión adicional a la presupuestal en diversos programas y proyectos de infraestructura. La salida fácil y directa sería pensar que ese espacio podría ser cubierto con inversión privada bajo diferentes modalidades de participación.
Sin embargo, no es tan fácil ni tan directo, ni existen condiciones claras para que dicha participación se materialice. Así lo concluye una interpretación del panorama económico y perspectivas para 2025 desde la visión del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que fue presentada hace unos días en la sesión de Diálogo con Ingenieros, una conferencia semanal que lleva a cabo el Colegio de Ingenieros Civiles de México. En esa conferencia, se presentaron con detalle los riesgos identificados por el IMEF, para el cumplimiento de algunas de las bases con las que fue definido el paquete económico 2025 recientemente aprobado.
Como ingenieros estamos acostumbrados a buscar la solución a los problemas considerando los grados de libertad que se tienen por ejemplo para el diseño de una estructura, las restricciones en un problema de optimización lineal, y empatar oferta y demanda para definir los factores de diseño en proyectos de cualquier tipo de infraestructura.
Se ve complicado capturar grandes volúmenes de recursos para inversión en infraestructura si atendemos a las “restricciones o grados de libertad” que derivan de las definiciones de políticas públicas y adecuaciones al marco jurídico que se han venido dando:
- No más concesiones que establezcan tarifas como fuente de repago de las inversiones, lo que reduce las posibilidades de atracción de inversión privada en proyectos que no dispondrán de fuente de pago autosostenible como hidráulicos o carreteros o de transporte.
- Limitación en el porcentaje de participación del mercado en la generación de energía, si no hay inversión pública la inversión privada queda contenida por el porcentaje límite que como máximo es permitido conforme al marco jurídico vigente.
- No contratos APP en las condiciones que se habían aplicado en el pasado, lo que significa por ejemplo ni voltear a ver aquellos proyectos de prestación de servicios (PPS) utilizados para construcción de hospitales, carreteras o hasta centros penitenciarios. Donde la mala percepción de ese modelo derivó de la forma en la que fue aplicado.
- Incipiente desarrollo de esquemas de tipo MRO (mantenimiento, rehabilitación y operación) o incluso aquellos que agregan la construcción (MCRO).
- Encarecimiento del Costo de Captación de Capital (WACCO) dado el deterioro de las calificaciones de grado de inversión y nivel especulativo por diversos factores, entre ellos, la forma en la que se instrumenta la transformación profunda del poder judicial.
- Poca o nula utilización de las posibilidades que ofrece el mecanismo de las propuestas no solicitadas, en el marco de la Ley de APP, que son posibilidades de desarrollo de proyectos identificados y planeados desde la iniciativa privada y que resultan de interés para el sector público.
- Desarrollo de los grandes proyectos de inversión con mecanismo de obra pública y centralizada su ejecución en la DEFENSA, lo que deja sin posibilidades de participación a la inversión privada dado que el enfoque es totalmente con recursos públicos.
Entre otros muchos factores que plantean difíciles condiciones para que la inversión privada complemente efectivamente a la presupuestal.
Pero no todo es gris, hay muchas cosas por hacer para fomentar mayores inversiones en la infraestructura. Aquí algunas de tipo general, aunque existen propuestas muy específicas para cada sector, que son derivadas del análisis de las mejores prácticas a nivel mundial en materia de financiamiento de la infraestructura:
- Pronunciamiento claro de la administración federal de cuál es su visión de los alcances de las coinversiones público-privadas, cuál es la reinterpretación que se hace de las APP y los nuevos esquemas que proponen.
- Detonar las acciones verdaderamente disruptivas que generen programas y proyectos de inversión en infraestructura que, en efecto, apoyen un mayor equilibrio entre la carga social y la inversión física.
- Acciones para hacer más eficientes procesos de contratación y del diseño y ejecución de los proyectos.
- Dedicar un porcentaje de los recursos hoy programados para obra pública a la planeación, los estudios, preparación y perfeccionamiento de los proyectos, a fin de contar con proyectos ejecutables al corto y mediano plazo.
También, hoy muchas de las expectativas para atraer inversión extranjera directa a nuestro país se basan en un amplio aprovechamiento del contexto del nearshoring, pero más allá de la ilusión que a todos hace este escenario, preguntémonos si realmente existen las bases para alojar, en algunas regiones de nuestro país a esas grandes empresas, si los proyectos de infraestructura propuestos cumplen esos criterios ESG.
No sólo es tema de infraestructura para agua, energía, comunicaciones y transporte, es también tema de criterios de sostenibilidad, a los que esas empresas en sus países de origen y en los mercados con los que interactúan, están ya obligadas a observar.
En lo relativo a financiamiento también se está presentando esto, son más atractivos proyectos y empresas que aplican criterios ESG y ofrecen mejores tasas de rentabilidad por la viabilidad y estabilidad de flujos dada la previa mitigación de riesgos.
Por ejemplo, en la Unión Europea en 2018 se inició la aplicación de MiFID II que es la regulación europea que obliga a las entidades que ofrecen asesoramiento sobre instrumentos financieros, a preguntar a sus clientes, si desean dar a sus carteras un enfoque sostenible. Al paso de 6 años esto se ha traducido en un direccionamiento muy claro del interés de los inversionistas hacia empresas y proyectos que tienen ese enfoque.
Así pues, no hay lugar ahora para manifestar desacuerdos con la distribución de presupuestos, ya que incluso entre las dos cámaras del legislativo, se han destacado desacuerdos por las asignaciones presupuestales, mejor arriba y adelante, que hay mucho por hacer para el desarrollo de infraestructura en nuestro país.
