El marco regulatorio ambiental de nuestro país establece que la mayoría de los proyectos de infraestructura deben ser sometidos a una evaluación de impacto ambiental (EIA), actividad que se detalla en un documento llamado manifestación de impacto ambiental (MIA), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe resolver acerca de la MIA. El promotor del proyecto queda sujeto a informar periódicamente a dicha autoridad sobre el desarrollo y los resultados del programa de vigilancia ambiental (PVA) que deberá implantar desde la etapa constructiva y hasta el cierre del proyecto al final de su vida útil.
Los promotores de proyectos del sector energético además deben llevar a cabo una evaluación de impacto social (EvIS), cuyo informe es presentado a la Secretaría de Energía para recibir el visto bueno de esa dependencia antes del inicio de la obra. El informe de la EvIS debe incluir un plan de gestión social (PGS). En casos de proyectos en zonas de comunidades y pueblos indígenas, habrá de llevarse a cabo una consulta previa a dichas comunidades y pueblos a través de sus instituciones representativas y mediante procedimientos apropiados, con el fin de alcanzar acuerdos u obtener el consentimiento libre e informado. El proceso de consulta incluye el monitoreo del cumplimiento de los acuerdos adoptados, utilizando el mecanismo que para tal efecto defina la comunidad o pueblo indígena consultado.
Por otro lado, el sector financiero establece cada vez mayores requisitos socioambientales para apalancar proyectos de infraestructura. Probablemente los lineamientos más conocidos al respecto son las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial. Ésta exige que sus clientes apliquen las normas para gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales, a fin de mejorar las oportunidades de desarrollo; la norma No.1 “establece la importancia de: i) una evaluación integrada para identificar los impactos, riesgos y oportunidades ambientales y sociales de los proyectos; ii) una participación comunitaria efectiva, basada en la divulgación de la información del proyecto y la consulta con las comunidades locales en los temas que las afectan directamente; y iii) el manejo por parte del cliente del desempeño ambiental y social durante todo el transcurso del proyecto.”
En otros países, es obligatorio llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental y social para todos los proyectos de infraestructura, lo cual implica la participación pública desde las etapas tempranas del proyecto. La definición de Evaluación de Impactos (EI) adoptada por la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA) es “el proceso de identificar, predecir, evaluar y mitigar los efectos biofísicos, sociales y otros de relevancia causados por el desarrollo de proyectos, antes de que se tomen las decisiones más importantes y se establezcan compromisos”. La práctica de la EI se apoya en una serie de instrumentos y herramientas típicamente basados en las ciencias físicas y naturales y las sociales. El proceso de evaluación de impactos debe ser aplicado: 1) lo más temprano posible en la toma de decisiones y a través del ciclo de vida de la actividad propuesta; 2) a todas las propuestas de desarrollo que puedan causar efectos significativos potenciales; 3) a los impactos biofísicos y factores socioeconómicos relevantes, incluyendo salud, cultura, género, estilo de vida, edad, y a los efectos acumulativos conforme al concepto y principios del desarrollo sostenible; 4) para proporcionar un mecanismo de participación y aportación de las comunidades e industrias afectadas por la propuesta, así como del público interesado; y 5) de conformidad con las medidas y actividades internacionalmente acordadas.
El primer paso esencial en la correcta evaluación de impactos de un proyecto consiste en definir el alcance o enfoque del estudio, conocido en inglés como “scoping”. Desafortunadamente este paso no forma parte de las guías de la SEMARNAT relativas al proceso de evaluación de impacto ambiental, a diferencia de lo que ocurre en algunos países y regiones, como Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Australia Occidental.
En la práctica, la determinación del alcance se define como una actividad temprana para determinar el rango o el alcance de los problemas que deben ser considerados en la evaluación y para guiar la preparación de una MIA. Es una etapa en la que usualmente se involucra al público y otras partes interesadas, en la que se identifican los problemas ambientales y sociales clave que deberían ser abordados en una EI. Este paso constituye una de las primeras oportunidades que tienen las personas en lo individual y o pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil para conocer los proyectos propuestos y emitir sus opiniones.
A pesar de las variaciones en los requisitos y prácticas de determinación del alcance entre jurisdicciones, una serie de características clave son comunes:
-Ocurre en las primeras etapas de la evaluación de impactos;
-Involucra a los actores clave y debe estar abierto a la participación pública;
-Considera alternativas del proyecto;
-Establece límites espaciales y temporales para la recopilación de datos y el análisis de impactos;
-Dirige los temas más importantes a considerar en la toma de decisiones; y
-Establece las pautas para la elaboración de una MIA.
En México, la aparición de conflictos socioambientales durante la ejecución de proyectos ha provocado sobrecostos y retrasos significativos en su terminación. Por ello es de gran importancia fortalecer los procesos de planificación de proyectos incorporando la identificación y evaluación de los riesgos sociales y ambientales con el fin de preparar y aplicar un programa para manejar dichos riesgos y evitar que se conviertan en una amenaza para la realización del proyecto. En la planificación de proyectos de infraestructura de todo tipo, pero principalmente de los sectores de energía, agua, transportes y turismo, debería incorporarse la etapa de alcance o enfoque, lo que resultaría en proyectos mejor ubicados, más robustos, menos contenciosos, de menor impacto en el medio ambiente y con mayor beneficio social. Los riesgos para el ambiente y las comunidades afectadas, así como para el promotor del proyecto serían reducidos al mínimo y los programas de vigilancia ambiental y social empezarían a aplicarse desde un nivel alto de cumplimiento.
Un par de ejemplos recientes de proyectos de desarrollo en los que podrían haberse reducido los riesgos socioambientales de haber aplicado un procedimiento riguroso de evaluación de impactos son el Tren Maya (una jueza federal concedió el 22 de febrero de 2021 una suspensión definitiva que podría impedir, por tiempo indefinido, la ejecución de la obra en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, en Yucatán) y la autopista Barranca Larga – Ventanilla, Oax (ha habido bloqueos recurrentes de la obra por comuneros y ejidatarios, retrasando su ejecución por varios años).
El Colegio de Ingenieros Civiles de México cuenta con especialistas en evaluación de impactos ambientales y sociales, de modo que el apoyo técnico está a la disposición de los órganos y las instancias de gobierno responsables del desarrollo de proyectos de infraestructura que lo requieran.
Coordinador del Comité de Medio Ambiente
y Sustentabilidad del CICM
