Lic. Francisco J. Treviño Moreno
Miembro del Comité de Normatividad y Enlace Legislativo del CICM
Está acreditado el papel de la infraestructura como columna vertebral del desarrollo económico y social de un país. La infraestructura es esencial para la competitividad, impacta la velocidad del desarrollo y es indispensable para reducir la pobreza, porque incide en el empleo, el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, y desde luego para mejorar la distribución de la riqueza.
Se ha estimado que la inversión del 1% del Producto Interno Bruto en infraestructura en un país genera un crecimiento de 0.4% del PIB ese mismo año y de 1.5% cuatro años después.
Sin embargo, la inversión pública en infraestructura en América Latina en general y en México en particular no despega. Un estudio de la CEPAL recomendaba que, para cerrar la brecha existente entre oferta y demanda de infraestructura, los países de la región latinoamericana debieran invertir del orden del 6.2% anual de su PIB. No obstante, entre 2008 y 2017, la inversión pública en infraestructura en Latinoamérica fue en promedio del 2.2% del PIB regional anual, y entre 2019 y 2021, es todavía peor, teniendo 1.85% el primero de esos años, 1.77% el segundo y 1.69% el tercero.
Dado este panorama de baja inversión pública ¿qué pueden hacer los países para promover más inversión en infraestructura y proveer mejores servicios a la población?
Un estudio del Banco Mundial señala que un eje de acción debe ser atraer más inversión privada, para lo cual es necesario mejorar las capacidades para preparar y supervisar proyectos y reducir la incertidumbre regulatoria en el fondeo de los proyectos.
Otro ámbito de acción consiste en mejorar la eficiencia de la inversión en infraestructura. Se estima que en América Latina se podría construir 35% más activos con el mismo nivel de inversión pública, mediante mejoras en la planeación y selección de los proyectos, la optimización de costos y plazos de construcción, y una mejor asignación de la inversión entre infraestructura nueva y el mantenimiento de la ya existente.
En México, uno de los principales problemas que enfrentamos para el desarrollo de más y mejor infraestructura, es el financiamiento, es decir que el problema se centra en la disponibilidad de recursos para inversión.
Adicionalmente, cualquier infraestructura requiere de bienes muebles e inmuebles y hoy en México, la disponibilidad oportuna y a costo razonable de los mismos, es una de las principales incertidumbres para la construcción, operación y mantenimiento de dicha infraestructura.
En general, el costo de los bienes y derechos requeridos para la ejecución de un proyecto de infraestructura, no suele ser un rubro de los más importantes del costo total de los proyectos, pero no tenerlos puede implicar el retraso o cancelación de la construcción del proyecto, siempre implica un incremento de costos y puede ser una condición precedente para el otorgamiento de financiamientos.
Uno de los principales problemas para la liberación oportuna y eficiente del derecho de vía, consiste en la falta de planeación adecuada. Muchos proyectos se implementan con prisa, lo cual impide llevar a cabo una adecuada planeación de los trabajos, y desde luego de la oportuna obtención de los bienes y derechos requeridos, lo cual es captado por el mercado, produciendo dificultad en su obtención, y por lo tanto su encarecimiento.
También influye la atención no integral de la problemática vinculada con los derechos de vía, la cual es segmentada y atendida en muchos casos por equipos no adecuadamente coordinados, generando incertidumbre y retrasos en la obtención de dichos bienes.
A esta problemática, se viene a sumar otro elemento que consiste en la omisión de un presupuesto confiable del costo que tendrá la oportuna obtención de los bienes y derechos requeridos, muchas veces empezando por que no se cuenta con un inventario exhaustivo de dichos bienes, y tampoco de los estudios relacionados con la secuencia qué se debe seguir para su obtención.
Adicionalmente, es muy común encontrar casos en donde se pretenden aplicar avalúos fuera de mercado a dichos bienes, generando oposición social al proyecto, lo que suele vincularse con otro de los problemas principales relacionado con un enfoque no sustentable desde el punto de vista ambiental, social, financiero e institucional.
Ante esta problemática es necesario considerar la ejecución de al menos las siguientes acciones:
Análisis jurídico integral, esto es la definición exhaustiva del Marco Jurídico aplicable al proyecto, asi como la identificación de los bienes y derechos necesarios para su implementación, con objeto de establecer un diagnóstico, una estrategia, un plan de trabajo, y una estimación de los tiempos y costos que estarán implicados.
Avalúo Maestro. Es indispensable contar con una estimación acertada de los costos que pueden estar implicados en la obtención de los bienes y derechos necesarios para la implementación de un proyecto infraestructura.
Matriz de riesgos del proceso. Es necesario llevar a cabo la correcta identificación y evaluación de los riesgos que implica el proceso, y contar con una estrategia detallada que permita la convergencia armónica y oportuna de las acciones jurídicas que es necesario llevar a cabo, conjuntamente con la estrategia que abordará los aspectos sociales relacionados con el proyecto.
Un par de conclusiones:
Cualquier proyecto de infraestructura requiere de bienes y derechos para llevarse a cabo; y su obtención puede tener profundas implicaciones sociales, ambientales, jurídicas y financieras que es necesario atender.
Lo que se debe hacer, ha sido ampliamente explorado, sería conveniente ordenar estos procesos y promover su correcta implementación.
