Ing. Francisco Javier Moreno Fierros

Miembro del Comité de Infraestructura del Transporte - Subcomité de Carreteras.

Colegio de Ingenieros Civiles de México

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.”

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Informe Brundtland)

En México contamos con más de 310 mil kilómetros de vías pavimentadas, entre carreteras y vialidades urbanas por las que transita un parque vehicular de cerca de 58 millones de vehículos, la cuarta parte de ellos, vehículos de carga que mueven anualmente 470 millones de toneladas de materias primas, productos agrícolas, manufacturas y bienes de consumo, es decir, el 80% del movimiento de carga en nuestro país.

Los pavimentos son la superficie de rodamiento por la cual circulan estos millones de vehículos diariamente y su importancia radica, no solamente en que su valor monetario representa aproximadamente el 75% de la inversión en infraestructura del transporte, sino que su función es la de brindar seguridad, confiabilidad y comodidad a los usuarios de las carreteras y vialidades.

Cuando hablamos de sostenibilidad, nos podemos remontar a la definición popularizada por el Informe Brundtland de 1987, la cual promueve un modelo de desarrollo que asegure que las acciones y decisiones de hoy, no perjudiquen el bienestar de quienes vendrán después, es decir, garantizar la equidad y permanencia intergeneracional. En el caso particular de la sostenibilidad de los pavimentos nos podemos referir a preservar, y en su caso restituir los ecosistemas circundantes, así como a la búsqueda de una reducción de los impactos económicos, sociales y ambientales durante las fases de construcción, operación y conservación de las carreteras del país. Aunado a esto, la adopción de un modelo de economía circular se presenta como una solución que implica tanto la reducción de la extracción y consumo de recursos, como la reducción de la generación de residuos, a través del rediseño, reciclaje y renovación de los propios pavimentos.

Esto se puede lograr en gran medida, priorizando el uso de pavimento reciclado, sin embargo, no todas las autoridades involucradas en el sector comunicaciones y transportes parecen estar suficientemente familiarizadas con el concepto de economía circular, por lo que hasta el momento no se han tomado suficientes medidas para la implementación de disposiciones normativas que promuevan estrategias de conservación, rehabilitación y reconstrucción, que obliguen a considerar en sus diseños, la reutilización total o parcial de los pavimentos que ya llegaron al final de su vida útil.

Para comprender mejor las facetas de la sostenibilidad del pavimento, es esencial considerar su ciclo de vida, que se divide en diferentes fases, empezando por la explotación de bancos de material para producir los agregados pétreos idóneos que serán utilizados en las mezclas asfálticas y en el concreto hidráulico; continuamos con la fase de diseño de pavimentos, nuevos o rehabilitados; seguimos con la fase de construcción, en donde se integran los materiales, equipo y maquinaria de construcción para lograr la conclusión de la obra; la fase de utilización u operación, que es el objetivo para el cual fue concebido el proyecto, en donde interaccionan personas, vehículos y el medio ambiente con el pavimento; no debe faltar la conservación, para mantener el nivel de servicio a lo largo de su vida, y por último, su disposición final al término de la vida útil.

Tradicionalmente, la gestión de pavimentos ha seguido un modelo lineal, es decir, al final de su vida útil el material que conforma la carpeta asfáltica se retira y se desecha, o bien, se acumula en sitios dispuestos para ello. Es común observar a lo largo de nuestras carreteras montañas de material producto del fresado de carpeta (RAP, por sus siglas en inglés Reclaimed Asphalt Pavement). Este enfoque implica un desperdicio de valiosos recursos materiales que aún pueden ser útiles, como el asfalto y los agregados pétreos, y en consecuencia una pérdida económica. Cuando este material se vierte a los costados de las carreteras se convierte además en un residuo que contribuye a la degradación y contaminación ambiental.

La economía circular propone un cambio radical en la manera en la que gestionamos los recursos y productos. Este modelo promueve la reutilización, el reciclaje y la regeneración de materiales, cerrando el ciclo, minimizando los desechos y reduciendo significativamente la necesidad de recursos vírgenes. Técnicas de reciclaje en frío y la estabilización con agentes estabilizadores como cemento Pórtland, cal, asfalto espumado o emulsión, han ganado popularidad en nuestro país, ya que se han rehabilitado kilómetros de pavimentos reutilizando el material existente mediante procesos de recuperación que contribuyen a reducir la huella de carbono. Otro concepto clave dentro de la economía circular es la simbiosis industrial, la cual se refiere a la cooperación entre diferentes industrias para aprovechar los residuos de una, como materia prima de otra. Es el caso, del uso de escoria de horno eléctrico que es un desecho de la industria siderúrgica, como agregado pétreo de carpetas y capas de rodadura; o bien, el polvo de neumático, cuya incorporación en las mezclas asfálticas mejora algunas propiedades del pavimento.

En México contamos con equipos, tecnologías y procesos que permiten la recuperación, regeneración y reutilización de los pavimentos asfálticos que han llegado al término de su vida útil para aplicar los beneficios de la economía circular, sin embargo, hace falta emitir disposiciones y normas de obligatorio cumplimiento para que los proyectos de carreteras se encaminen hacia soluciones sostenibles, que contribuyan a reducir el impacto ambiental durante las fases del ciclo de vida de los pavimentos, que promuevan la estandarización de los procesos de reciclaje, así como la adaptación de normativas de manera planificada.

Para ello es imprescindible contar con la colaboración de las autoridades gubernamentales, los institutos de investigación, las empresas especialistas, así como las asociaciones civiles que promueven estas prácticas sostenibles.

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