En el país, la población asciende a 126 millones con una cobertura del 94.1 % en agua potable conforme a los datos del INEGI; cobertura adecuada, en la medida de que el servicio fuese continuo en cantidad y calidad. Sin embargo, análisis realizados por la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) indican que sólo el 68.6 % de las viviendas reciben agua los 365 días del año; el resto, 31.4 %, con menor frecuencia, algunas veces solo una vez a la semana. A lo antertior se suman fuentes de abastecimiento que adolecen de mala calidad, sobre todo pozos que extraen aguas con sales disueltas.
Esta situación, ya está haciendo crisis en muchos municipios, sobre todo en donde hay ciudades que crecen rápidamente, donde las fuentes de abastecimiento son cada vez más alejadas y los costos de los servicios aumentan. Los problemas no son privativos de las ciudades; también en las comunidades rurales existen problemas, si bien la escala de las soluciones es diferente. El crecimieto de la población y fenómenos como el cambio climático, en particular las sequías, plantean escenarios para el abastecimiento de agua que deben tratarse desde ahora, para atender las disposiciones del Art. 4º Constitucional en relación con el Derecho al Agua y al Saneamiento que etablece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades…”
La prestación de los servicios de agua y saneamiento ha estado a cargo de diversas entidades a lo largo del tiempo: la federación, los estados, los municipio, y también el sector privado. De estos últimos se puede mencionar: Aguas de Monterrey, en Nuevo León, 1904; Mackin y Dillón, en Torreón, Coahuila, 1904; Agua potable de Zamora, en Michoacán, 1905; Empresa de Jalapa, en Veracruz, 1906; Chihuahua Investment Co., en Chihuahua, 1910, y más recientemente concesiones en modalidades APP, entre otros.
En 1983, el Gobierno Federal determinó que la prestación de servicios se hiciera a través de los municipios, lo cual quedó regulado por el artículo 115 Constitucional. Existen diversas opiniones de que si fue o no buena determinación; hay municipios que han hecho bien su tarea, otros no tanto. Uno de los problemas que plantea esta forma de administración es que la duración de los gobiernos municipales es de solo tres años y, en consecuencia, de su personal. En esas condiciones se da una alta alta rotación del personal a cargo de los servicios de agua y saneamiento (en promedio de dos años), lo que impide alcanzar la madurez para desarrollar planes y programas con una visión de mediano y largo plazo. El reto consiste en incrementar la permanencia de los directores que prestan el servicio.
Pero, con independencia de quien preste o haya prestado el servicio, la situación que prevalece es crítica; no es suficiente tener el diagnóstico, sino saber qué hacer e invertir. Los problemas son de infraesructura, gestión e inversión.
La infraestructura construida a lo largo del tiempo debe ser sustituida por diversas razones: porque ha terminado su vida útil o por el agotamiento de las fuentes de abastecimiento (acuíferos, manantiales, lagos y ríos), entre otras razones. Ante esta situación, se tienen que buscar nuevas fuentes, seguramente más lejanas; esto implica, en algunos casos, importar agua de otras cuencas, lo cual es poco aceptable por la sociedad, condición que se puede moderar con esquemas de compensación como la tecnificación del riego en zonas donde el agua se usa en la agricultura.
Por cuanto a la gestión, también con información de ANEAS, la eficiencia de los organismos operadores a nivel nacional del 40 % global (solo en fugas se pierde el 40 % del agua): significa que de cada 100 insumos se pierden 60; visto de otra manera se cobra el 40% de lo que se produce. Esto se traduce en deficiencias en el servicio por lo que los usuarios recurren a autoabastecerse a través de la compra agua embotellada, por medio de pipas, construyen cisternas y tinacos, utilizan sistemas de bombeo, entre otros.
Evidentemente, esas soluciones implican costos que paga el usuario: en forma de tarifas para los servicios formales que incluyen la infraestructura, cuotas por pipas, y el precio de los garrafones y botellas de agua. El costo del agua embotellada promedio es de 2.5 pesos por litro; es decir, el volumen de un tinaco de mil litros costaría 2,500 pesos; en cambio si se considera el total de la recaudación de los organismos operadores de 56 mil millones; cada tinaco de mil litros costaría del orden de 4 pesos. El agua embotellada cuesta 625 veces más que lo que cobran el promedio los organismos operadores, quienes invierten en captación, en líneas de conducción, en potabilización, en distribución y en saneamiento de las aguas residuales.
Tan solo en el año 2020, los organismos operadores recaudaron 56 mil millones de pesos, en tanto que la venta de agua embotellada y refrescos ascendió a 98 mil millones de pesos; es decir, el usuario gasta más en la compra de agua envasada que en el servicio que recibe en su domicilio.
Es deseable que el usuario vuelva a la práctica de tomar agua de la llave. Para ello, los prestadores de servicio deben de cumplir con las normas que rigen el agua potable y eso se requiere de grandes inversiones en infraestructura en medidas para eficientar los servicios, como la sectorización y la macro y micromedición, y debe haber compromiso por parte de la sociedad para hacerse responsable de pagar por los servicios, en especial ahora que está por legislarse el Derecho Humano al Agua.
Tan solo para atender el 31.4 % de la población que no recibe agua diariamente, lo que equivale a 38.6 millones de habitantes que de alguna manera no reciben el servicio en calidad y cantidad; de legislarse, para cumplir con el derecho humano al agua y considerando 100 litros por habitante por día serían necesarios 3.8 millones de metros cúbicos; equivalentes a 44 m3/s; es decir del orden del caudal de agua que recibe la ciudad de México.
Tomando en cuenta los costos de inversión de acuerdo con los proyectos más recientes, la infraestructura para cada metro cúbico por segundo cuesta en promedio 3 mil millones de pesos. Para atender el derecho humano al agua de los 38.6 millones, se requerirían 132 mil millones de pesos solo para este concepto; inversiones adicionales se requieren para la infraestructura de distribución, alcantarillado y saneamiento.
Es común pensar que el agua nos la da la naturaleza, pero el llevarla a las viviendas en condiciones que cumpla con las normas de agua potable en cantidad y calidad sí tiene un costo, el cual debe repercutirse al usuario conforme al volumen que consuma. En los análisis que se llevan a cabo para normar el derecho al agua deben considerarse los costos a fin de que se tengan recursos para dar servicios de calidad; de lo contrario, estaríamos condenando a la población a seguir con deficiencia que se traducen finalmente en mayores costos. Es cierto que hay que apoyar a los segmentos de la población que tienen menos recursos, pero los subsidios deben dirigirse precisamente a esos grupos y no a toda la población que si puede pagar.
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