La reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ha dejado a muchas personas que la promovieron muy satisfechas, y a otras muchas que también colaboraron en su formulación, no tanto, dependiendo del ámbito en el que se desenvuelvan profesionalmente.
La Ley auspicia políticas públicas para los tres niveles de gobierno, buscando proteger a los usuarios más vulnerables de las vías públicas como el peatón y los ciclistas. Al mismo tiempo, promueve el uso de los medios o formas de transporte más amigables con el medio ambiente, o sea, la movilidad sostenible. Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad del Senado de la República explicó en una entrevista que, a partir del 18 de mayo pasado, corren 180 días para la creación del Sistema Nacional de Movilidad, el cual estará integrado por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Economía y representantes de los estados, quienes sentarán las bases para emitir los lineamientos aplicables en sus entidades pues, en seis meses más, se debe tener el plan y la estrategia nacional de movilidad.
Lo cierto es que la movilidad es multidimensional y, por ello, puede mirarse desde tantas perspectivas, además de que, también por ello, es indisociable del bienestar social.
Algunas dimensiones de la movilidad pueden distinguirse según los ámbitos siguientes: de pasajeros ( masiva, grupal, personal, según capacidades físicas de las personas, propósito del viaje, género, etc. ), de carga ( de graneles agrícolas, graneles minerales, fluidos, carga de grandes dimensiones o peso, carga seca, paquetería, productos peligrosos, etc.), mixto (pasajeros y carga), modal (aérea, marítima, ferroviaria, carretera, multimodal, intermodal), tecnológíco (motorizada, e-movilidad, micromovilidad, cero emisiones, no motorizada, activa, inteligente, como servicio), de jurisdicción territorial (en lo federal: internacional, nacional, regional; estatal, municipal, local, de barrio, vecinal), funcional (interurbana, metropolitana, urbana, rural, en corredores, en red).
Las dimensiones de la movilidad se interrelacionan o conviven, porque comparten atributos de su forma de producción y consumo, el espacio y la infraestructura o, incluso, el medio o vehículo de transporte. También comparten, frecuentemente, servicios directos e indirectos que las hacen posibles, además de las normas instauradas para mitigar los efectos negativos o prevenir los riesgos que producen o a los que están expuestas.
Y porque es indisociable del bienestar social, resulta difícil no pretender asociar a la movilidad con prácticamente todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de su evidente protagonismo en la Década por la Seguridad Vial 2021-2030, ambos promovidos por la Organización de las Naciones Unidas.
Así pues, la gran tarea que deja la Ley recién promulgada es no sólo homologar los distintos ordenamientos estatales y municipales con ésta, sino hacerla realidad en la vida social y económica cotidiana, considerando la naturaleza multidimensional de la movilidad.
Un catálogo de políticas públicas para la movilidad sostenible (o – del anglicismo - sustentable), que comprende 194 diferentes medidas experimentadas en distintos países del mundo, fueron recopiladas por organizaciones internacionales, sociedad civil, asociaciones empresariales, etc., e integradas por la coalición internacional llamada SUM4ALLl (Movilidad sostenible para todos), quien las ha publicado recientemente, junto con herramientas metodológicas para su aplicación.
La relevancia de tales medidas para cualquier país, incluido México, depende del efecto deseado en aspectos tales como acceso universal, seguridad vial, emisiones (descarbonización), inducción del desarrollo urbano incluyente, resiliencia ante eventos disruptivos, así como eficiencia energética y económica. Nos toca a sociedad y gobiernos ponerlas en práctica en aras de un cambio hacia el desarrollo sostenible para nuestro propio bienestar.
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