A últimas fechas es cada vez más común escuchar hablar sobre los directores Responsables de Obra (DRO) y los Corresponsables en Seguridad Estructural (C/SE), ya sea porque La Autoridad solicita que se presenten a revisar un edificio después de un sismo o porque aparecen en las noticias como si se tratara de criminales, pero el común denominador, al escuchar hablar sobre ellos, es el desconocimiento de sus funciones sin preguntarse ¿Quiénes son y a qué se dedican los DRO y los C/SE?
Para no quedarnos repitiendo la definición oficial, “…un auxiliar físico de la Autoridad, encargado de hacer valer el Reglamento de Construcciones en la obra". Empecemos por entender que las negligencias, las omisiones y los charlatanes en la construcción pueden tener efectos devastadores en la infraestructura, la economía y las vidas humanas y alguien tiene que estar atento para evitar que sean lo común y no la excepción.
Originalmente, las autoridades gubernamentales eran las encargadas de realizar esta supervisión, pero conforme aumentó la población y la cantidad de proyectos, se vio rebasada. Entonces se optó por crear un cuerpo de profesionales que en su nombre garanticen el cumplimiento de las buenas prácticas, al diseñar y construir y, además, den seguridad a la población sobre los inmuebles que habitan. De esta manera surgen primero los Peritos Responsables de Obra, que después se transformarían en los DRO y más adelante surgieron los C/SE para complementar a los DRO.
Con cada iteración de la normatividad, la responsabilidad de estas figuras ha aumentado y su poder de toma de decisiones ha disminuido, ya que pasaron de cuidar las buenas prácticas de construcción a involucrarse en todos los aspectos de la obra: diseño, calidades, instalaciones, construcción, ecología, higiene, seguridad y otras.
Lo normal sería esperar que con esta responsabilidad cuenten con un respaldo sólido para hacer valer la ley, pero no; la legislación original, y también la vigente, tiene una intención conciliadora y no coercitiva entre el dueño de la obra, el constructor, el DRO y el C/SE. Esto, aunado a que no se ha introducido ningún mecanismo para evitar el conflicto de intereses, se traduce en que los dueños y los constructores encuentren maneras de seguir actuando indebidamente o, en el mejor de los casos, que vean al DRO y el C/SE no como un control por parte de la autoridad, sino como un trámite burocrático, costoso y redundante.
Por otra parte, aunque no se define en ningún lado, se espera de los DRO y los C/SE que estén siempre listos para responder al llamado del servicio social, lo cual, siendo sinceros, es algo que su propia ética profesional los conmina a hacer de forma automática, sin embargo, todos estos vacíos los hacen vulnerables, poniéndolos en riesgo de acabar pagando los “platos rotos”.
Entonces, podemos decir que los DRO y los C/SE son especialistas de la industria de la construcción dedicados a cuidar la congruencia entre la normatividad, los proyectos a realizar y la ejecución de la obra, con la sensibilidad suficiente para reconocer la problemática de una estructura y tranquilizar a su población o movilizar los recursos necesarios para prevenir una catástrofe, pero también son figuras que operan con marcos legales inadecuados y obsoletos, por lo que, a pesar de los férreos códigos de ética a los que se adhiere el gremio, caminan siempre en la frontera entre la legalidad y la corrupción.
Vale la pena mencionar que recientemente hubo cambios positivos en la normatividad bajo la que operan los DRO y C/SE, permitiendo agregar restricciones a los constructores y los dueños, pero es muy poco y fue necesaria una tragedia como la del sismo del 19 de septiembre de 2017; para que, los legisladores escucharan a los especialistas y dejaran de inventarse soluciones, en ese sentido, el cuerpo legislativo tiene una deuda, no para con el gremio en sí mismo, sino con la sociedad que requiere de seguridad en los espacios que habita.
Comité de Seguridad Estructural del CICM
