Jorge Miguel Diez de Bonilla y Rico
Comité de Desarrollo Urbano y Turismo
Se espera que la población actual del país, estimada en alrededor de 130 millones, pueda estabilizarse en 145 millones hacia el 2050, con cerca del 80% habitando en ciudades, 116 millones de mexicanos. La expansión de la mancha urbana en varias de nuestras ciudades es, en su mayoría de origen irregular, incluso ilegal. En el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM), la población puede llegar a alcanzar 30 millones de habitantes.
El rezago habitacional del país, estimado en nueve millones, más el crecimiento poblacional anual que corresponde a una demanda adicional de setecientas mil unidades, ocasionará que continúe la proliferación de asentamientos ilegales, que se establecen, en ocasiones, en zonas protegidas o de riesgo, debido principalmente a la falta de una oferta de suelo servido barato para la vivienda formal de la población de más escasos recursos y a una efectiva planeación metropolitana que incluya las conurbaciones con las entidades municipales autónomas, a la corrupción imperante.
La población de menor ingreso del Área Metropolitana de la Ciudad de México carece de oferta de suelo y servicios accesibles por la frenética especulación generada, entre otras causas por la implantación de tres polígonos de contención urbana que pretendían evitar la construcción de desarrollos habitacionales alejados, actualmente abandonados, donde el menor costo del suelo permitía construir vivienda económica. Tal situación derivó en la imposibilidad de atender la demanda habitacional de la población de menores ingresos que pertenece a la economía informal, más de la mitad de la población económicamente activa y que carecen de financiamiento.
Dicha población mayoritariamente se ubica en asentamientos irregulares que autoconstruyen su vivienda de manera precaria, de mala calidad, sin cumplimiento con la normatividad vigente en materia de construcción, que les resulta más onerosa por la adquisición de materiales a menudeo, lo mismo que la urbanización que resulta hasta ocho veces más costosa que la desarrollada de manera planificada. El desdoblamiento familiar con autoconstrucción progresiva densifica esos asentamientos y dificulta la introducción de servicios y equipamientos. Tales asentamientos se ubican en zonas distantes con inadecuado acceso al transporte público y a la movilidad, particularmente para adultos mayores y con capacidades diferentes, ocasionando traslados de más de dos horas y que llegan a representar hasta el 30% del ingreso familiar.
La proliferación de asentamientos irregulares ilegales va seguida de un proceso interminable de regularización de predios en proceso de consolidación, que en el pasado llevaba a efecto la CORETT y que actualmente se transfiere al INSUS (Instituto Nacional del Suelo Sustentable). Dicho instituto tiene además la función de proveer de suelo con servicios barato a la población de menores ingresos, aunque su participación en tal objetivo ha sido prácticamente inexistente frente al tamaño de la demanda. Cabe destacar que falta integrar un inventario nacional de suelo proveniente de las reservas federales, estatales, municipales, sociales y privadas que pudieran ser aptas para vivienda accesible.
Simultáneamente ocurre el deterioro paulatino y despoblamiento de las zonas centrales de los centros urbanos que demandan su densificación, el aprovechamiento, de los predios baldíos hoy sujetos a la especulación o con problemas en la tenencia de la tierra. El impuesto predial al uso pleno puede ser un instrumento que anime su desarrollo.
La oferta formal de vivienda de los organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS, INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA OREVIS) que ascendía, en administraciones pasadas, a un millón de acciones por año, ha disminuido actualmente, en particular en el caso de vivienda nueva de interés social que apenas alcanza las 150 mil acciones por año.
Cabe destacar que el costo de la vivienda se ha incrementado independientemente del alza en el precio del suelo sujeto, como se señaló antes, a un proceso especulativo, alza continua de materiales de construcción y de los permisos y licencias que están sujetos a tiempos interminables y a la discrecionalidad consecuente. Se ha propuesto que el Infonavit se haga de terrenos aptos y de la construcción que permitan resolver esta falta de oferta de vivienda accesible como ocurrió en los inicios del INFONAVIT y del FOVISSSTE, en 1972, cuando no existía vivienda de interés social acorde con las expectativas del gobierno federal.
Así mismo se pretende que el Infonavit desarrolle una oferta de vivienda en arrendamiento. Aunque resulta evidente que existe una demanda no atendida de vivienda en renta, incrementada además por el hecho de que las nuevas generaciones no requieren necesariamente una vivienda en propiedad, el fondo de la vivienda es de los trabajadores para atender su necesidad de vivienda en propiedad, ampliarla, mejorarla, construirla en terreno de su propiedad o sustituir pasivos. En el caso del financiamiento a la autoconstrucción, solo debiera promoverse en asentamientos regularizados o en proceso de regularización, para no alentar el crecimiento irregular de la mancha urbana, para lo que debiera haber una política de suelo que permita atender la demanda de vivienda y la reubicación de asentamientos existentes en zonas protegidas o de riesgo
