La conservación de la infraestructura hidráulica: una tarea pendiente en México

La construcción de la infraestructura de México durante el periodo Post -Revolucionario no fue coincidencia ni ocurrencia de los actores que permitieron realizarla. Respondió a estrategias claras de desarrollo económico, político y social, que se formularon de manera gradual y se aplicaron de forma articulada desde su inicio. La verdad es que la infraestructura hidráulica ha jugado un papel absolutamente fundamental en el proceso de construcción del país. La participación directa del estado mexicano en la economía, el enfoque desde una visión nacional, y el uso del gasto público para financiar grandes proyectos, han permitido alcanzar niveles de desarrollo que serían insospechables al final de la Revolución Mexicana.

En tan solo 90 años, México construyó infinidad de presas y bordos para controlar el régimen de escurrimientos de los ríos y disponer del recurso en tiempo, espacio y calidad. Se construyeron obras de irrigación, centrales hidroeléctricas y acueductos. Destaca la construcción, entre otras muchas, de cerca de mil grandes presas que actualmente están en operación, de las que las 210 de mayor capacidad en su conjunto generan un potencial de almacenamiento de 125,000 millones de metros cúbicos, el 30% del volumen medio anual de escurrimiento de aguas superficiales de nuestro país. Con ello, se pueden abastecer 6.5 millones de hectáreas que tienen infraestructura de riego para producción de alimentos, generar energía mediante centrales hidroeléctricas cuya capacidad instalada alcanza 12,600 MW, el 17% de la capacidad nacional, y su producción llega al 11% de la energía eléctrica que se consume en México, y entregar agua en bloque a cerca de 23 millones de personas, a través de 2,000 km de acueductos principales.

El esfuerzo político, económico, técnico y social para alcanzar esta base de desarrollo, ha sido de gran envergadura. Así, entre 1926 y 1946, se destinó al sector hidráulico 0.39% del PIB Nacional y 0.84% para el periodo 1947 – 1982. Sin embargo, en los últimos 35 años, el gasto público ejercido en el sector ha decrecido respecto a los niveles de crecimiento económico hasta niveles promedio del 0.20% del PIB Nacional. Restricciones económicas, rechazo a la construcción de grandes proyectos y presión sobre los recursos hídricos, hacen necesario el replanteamiento de la política hídrica nacional para eficientar el recurso en todos sus usos consuntivos, promover el reúso y el intercambio en aquellos en donde no se necesite agua de primer uso y, combatir los rezagos en comunidades marginadas.

Dos estrategias parecen resultar evidentes. La primera, parte del diseño y puesta en marcha de metodologías innovadoras de gestión de cuencas. La segunda estrategia, de enorme importancia, se basa en el replanteamiento de políticas, estrategias y acciones orientadas a la conservación de la infraestructura existente que permitan, mediante modelos pertinentes de administración de infraestructura, optimizar el gasto público. La finalidad es alargar su vida útil para garantizar su confiabilidad. Entonces, la conservación y reforzamiento de las capacidades actuales de aprovechamiento de los recursos hidráulicos es una necesidad imperativa que debe reflejarse, de manera inteligible y ordenada, en las estrategias programáticas de la autoridad hacendaria. Por lo tanto, debe estar declarada desde el Plan Nacional de Desarrollo del ejecutivo federal. Así, La necesidad de conservación de la infraestructura existente, planteada desde las grandes
regiones geográficas, sociales y demográficas del país, es fundamental para comprender, que su falla implicaría grandes impactos económicos, políticos y sociales, que además incrementarían la brecha existente en los servicios que proporcionan.

Con las tendencias de gasto público aplicado al sector en los últimos 20 años, hoy en día se necesitarían 50 años para incrementar el volumen potencial de almacenamiento en 20%; 45 años para incrementar en 20% la capacidad actual de conducción de agua a través de grandes acueductos y 50 años para construir nueva infraestructura hidroagrícola que permita incorporar 500 mil hectáreas de nuevas tierras para grande irrigación. La conservación y reforzamiento de las capacidades actuales de aprovechamiento de los recursos hidráulicos emerge entonces, como una necesidad para no comprometer el desarrollo del país. El diseño de políticas, estrategias y acciones orientadas a la conservación de la infraestructura hidráulica existente es, un imperativo impostergable para las siguientes administraciones publicas federales.

Sin embargo, esto debe acompañarse de un replanteamiento profundo de las instituciones encargadas de la infraestructura hidráulica sustancial para el desarrollo de las regiones, pero también de la hacendaria, para garantizar el financiamiento de esas tareas. En ese sentido, es desde el estado, pero también desde las escuelas de ingenieros, donde se deben internalizar conceptos innovadores que lleven a la transición del paradigma actual que rige las prácticas de conservación de la infraestructura. No es posible continuar aplicando recursos para conservación en un contexto de restricción financiera, sin hacer ingeniería civil, sin evaluar la criticidad de los sistemas, sin contar con información que permita caracterizar su ciclo de vida. Es decir, sin optimizar los recursos disponibles.