Ing. Guillermo Castellanos Guzmán
Comité de Financiamiento de la Infraestructura
La inversión pública en infraestructura, complementada con inversión privada, debe apoyar el crecimiento económico, elevar la competitividad y la eficiencia económica, promover la integración del territorio y la cohesión social, reducir las brechas de desigualdad de género y también deberá promover el desarrollo sostenible y producir beneficios sociales como mejoras en la calidad de vida de la población con la construcción de carreteras, caminos y puentes; sistemas de transporte público; hospitales, escuelas, sistemas de agua potable y alcantarillado, tratamiento de aguas y provisión de servicios públicos básicos, además de generar empleos con efectos multiplicadores y de fomentar la inclusión social y el turismo; fortaleciendo la cohesión social y reduciendo la pobreza.
Históricamente México se ha mantenido en un nivel de competitividad medio bajo (37 de 43 países evaluados de acuerdo al índice de competitividad internacional); las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la competitividad internacional incluyen la necesidad de elevar la calidad de las instituciones, aumentar la inversión en infraestructura y optimar la eficiencia del mercado laboral y México, aunque no ha dejado de crecer, lo ha hecho a tasas insuficientes para lograr bienestar en la población, tenemos bajo nivel de recaudación fiscal y la inversión en infraestructura ha sido en los últimos años de alrededor de la mitad del 5% del PIB que se considera deseable y además, nuestro sistema de planeación deja mucho que desear, las obras de infraestructura las vamos realizando por urgencias o presiones de grupos sin una visión de mediano y largo plazos que tome en cuenta la diversidad geográfica y social del país y las oportunidades que se le presentan para aprovechar su ubicación geográfica para ampliar su participación en los mercados globales.
Se ha hablado mucho recientemente de la necesidad y conveniencia de crear un órgano o dependencia encargada de la planeación de la infraestructura, algunos proponen que sea una institución de carácter
privada, otros que sea un organismo público autónomo tipo el INAI o la Comisión de Derechos Humanos y otros un órgano administrativo desconcentrado dependiente de alguna secretaría de estado tipo la Comisión Nacional del Agua. La primera opción no es de mi agrado porque quedaría como un ente asesor del gobierno y sus propuestas podrían seguirse o no, ya que no serían vinculatorias con la acción del gobierno; la segunda opción representaría navegar contra corriente, ya que ahora que el gobierno ha planteado la iniciativa de ley para eliminar muchos organismos autónomos, una propuesta de crear uno nuevo tendría muchas resistencias. Yo me inclinaría por la tercera opción y propongo la creación de la: COMISIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Su función principal sería la de coordinar, regular, administrar y controlar el sistema nacional de planeación de la infraestructura, que contemple el mediano y largo plazos. La planeación participativa de la infraestructura traería muchos beneficios al país y a su población y vale la pena no echar en saco roto esta opción.
