Ing. Jorge Miguel Diez de Bonilla y Rico,
Miembro del Comité de Desarrollo Urbano y Turismo del CICM
Se estima que al año 2050, la población rebasará 10 mil millones de habitantes de los cuales cerca del 70% vivirán en ciudades. En el presente, rebasamos 8 mil millones, de los cuales cerca de 5 mil habitan en ciudades, principales emisoras de gases de efecto invernadero, en un 80% del global. Tales emisiones son el principal causante del cambio climático que ocasiona, entre otras contingencias, los cada vez más frecuentes problemas de inundaciones, sequías, derrumbes, incendios forestales.
En el marco de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, los países se han comprometido, al cumplimiento de las metas al 2030, de los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible. El Informe Brundtlan define el desarrollo sostenible como “aquel que permite satisfacer las necesidades humanas actuales sin hipotecar la capacidad de las próximas generaciones de satisfacer las suyas”. El desarrollo sostenible se sustenta en tres pilares: el ecológico, el social y el económico, por lo que las acciones e inversiones que se realicen en cumplimiento a este compromiso formal suscrito por México deben ser económicamente viables.
En la actualidad, más de la mitad de la “mancha urbana” de las ciudades de nuestro país, es de origen irregular. Esto ha ocurrido principalmente, en zonas suburbanas. Incluidas zonas protegidas, tales como bosques, manglares, convertidas en uso agrícola de temporal o de pastoreo. También en zonas de riesgo, tales como laderas, cauces de ríos o afluentes o en áreas minadas. El fraccionamiento progresivo del suelo ejidal y comunal que, sin ajustarse a la reglamentación y legislación urbana, ha contribuido, importantemente, a este crecimiento desordenado y caótico
En el caso de la ciudad de México, para atender esta problemática, se crea el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, organismo encargado de desarrollar el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (CDMX) 2020-2040 que, en su versión preliminar, considera la visión de la CDMX en el año 2040.
El Programa General de Ordenamiento Territorial 2021-2035 propone las estrategias y líneas de acción como instrumentos para llevar a cabo dicho Plan General de Desarrollo de la CDMX. Ambos instrumentos debieron estar autorizados desde el año pasado. Sin embargo, a la fecha no han sido aprobados por problemas derivados de la consulta popular, particularmente a pueblos y comunidades que se inconformaron, así como a la imposibilidad de contar con un instrumento de planeación que tenga efecto sobre la zona metropolitana de la CDMX y municipios conurbados en su conjunto.
La falta de oferta de vivienda económica y de suelo “formal”, ha ocasionado la expulsión de la población de escasos recursos hacia la periferia de la ciudad y hacia los municipios conurbanos ocasionando la proliferación de asentamientos irregulares, el “desdoblamiento de las familias” y
por otra parte, el despoblamiento del casco urbano, que demanda la redensificación y el aprovechamiento de terrenos baldíos o desocupados frente la ausencia de políticas públicas para su incorporación a la oferta habitacional.
La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, antes CORETT, en una carrera interminable del proceso ocupación ilegal-Regularización, se transformó en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). Su responsabilidad es la creación de una Política Nacional de Suelo, la constitución y desarrollo de reservas territoriales, con instrumentos de gestión y valorización del suelo, la redensificación de zonas consolidadas y la ocupación de baldíos. Continuará con la regularización de asentamientos, no asentados en zonas protegidas o de riesgo y el consecuente acompañamiento en el proceso de incorporación de infraestructura y equipamiento urbano deficitarios. A la fecha, resultan insuficientes ante la complejidad que representa enfrentar los costos de la irregularidad y los trámites y gestiones ante los tres niveles de gobierno, la falta de planes urbanos actualizados, consensados y conocer el inventario de suelo disponible para la atención a la creciente demanda de la población de escasos recursos y que no tiene acceso a los mecanismos de financiamiento.
Los Organismos Nacionales de Vivienda, la oferta anual es de alrededor de un millón de acciones, las cuales menos de la mitad corresponde a vivienda nueva lo que, frente al déficit habitacional estimado en más de 9 millones más el crecimiento anual de la demanda y necesidad, representan un problema a la fecha no resuelto. La atención al sector informal de vivienda se reduce a los Organismos estatales y municipales de vivienda y de Planeación. Estos organismos podrían promover la constitución de reservas territoriales para programas de lotes con servicios, vivienda progresiva, vivienda en arrendamiento, contribuyendo así, a generar una oferta principalmente para los más desprotegidos.
La infraestructura y la edificación sustentables son medidas que deben adoptarse de manera urgente y obligatoria. Para los trabajadores asalariados, el Infonavit introdujo la “hipoteca verde” consistente en financiar viviendas provistas de eco-tecnologías para el ahorro de energía y el uso racional del agua, esperando que tales medidas se incorporen en la normatividad y en los reglamentos de construcción. Tales reglamentos en la actualidad no se alinean con el Código de Edificación Sustentable, que contiene las normas aplicables, entre las que destacan las referidas a la envolvente térmica de las edificaciones y el uso de materiales idóneos.
Con la difusión de estos principios y los correspondientes a lograr ciudades sustentables, resilientes, inteligentes y gobernables se puede avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales y lograr el bienestar de la población con su participación.
