Luis E. Montañez Cartaxo
Segundo secretario propietario del XL Consejo Directivo del CICM
En el año 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de la Naciones Unidas, incluido México, aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
El reto era grande desde un inicio y la pandemia de Covid-19 ralentizó o, de plano, frenó acciones emprendidas en muchos países para alcanzar las metas de los ODS. Sin embargo, hay avances en todo el mundo, ciertamente dispares, en buena medida por la situación prevaleciente en cada país al inicio del proceso y por efecto de la pandemia.
En el reporte más reciente sobre el progreso de los países, México ocupa el lugar 80 de los 167 analizados. Está mal posicionado en 10 de los 17 ODS: Combate al hambre (2), Agua limpia y saneamiento (6), Trabajo decente y crecimiento económico (8), Industria, innovación e infraestructura (9), Reducción de las desigualdades (10), Ciudades y comunidades sostenibles (11), Acción por el clima (13), Vida submarina (14), Vida de ecosistemas terrestres (15), y Paz, justicia e instituciones sólidas (16); además, en lo que respecta a los objetivos 13 y 16, el país va en retroceso.
Hay muchas maneras de contribuir a la consecución de las metas establecidas en los ODS desde todos los ángulos de la vida pública y el sector privado. Sin embargo, hay un elemento fundamental que comparten todas las iniciativas, planes, programas y proyectos imaginables para alcanzar los ODS: la infraestructura. Sin ella, no hay posibilidad de alcanzar el desarrollo sostenible establecido no sólo en la Agenda 2030, sino también y primordialmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que llamamos comúnmente infraestructura constituye en realidad un sistema compuesto por media docena de infraestructuras reconocidas como tales internacionalmente: eléctrica; transporte, telecomunicaciones; riego, agua potable y saneamiento; infraestructura social (escuelas, hospitales, edificios públicos, parques, prisiones…); inmobiliaria y turística; y en nuestro país se agrega una más, la cual forma parte de las dos primeras en muchos otros: petróleo y gas (hidrocarburos).
Es bien sabido que la inversión en buenos proyectos de infraestructura sostenible produce rendimientos sociales y económicos positivos. Ese efecto multiplicador se puede potenciar cuando las inversiones son eficientes. La clave está en invertir no sólo en infraestructura nueva sino también en el mantenimiento de los activos existentes. Pero México, como casi todos los países de América Latina, tiene un rezago acumulado en este aspecto desde hace unas cuatro décadas. Para revertir la tendencia, se requiere que la inversión crezca a un ritmo anual de al menos 5% del PIB durante las próximas tres décadas.
La infraestructura sostenible se refiere a la red, el sistema, los equipos y los activos diseñados para satisfacer las necesidades de servicios esenciales de la población, respetando los principios de sostenibilidad. Esto resulta en infraestructura que se planifica, diseña, adquiere, construye y opera para optimizar los aspectos sociales, resultados económicos, ambientales y de gobernanza a lo largo de la vida de un activo.
La infraestructura sostenible protege y preserva los procesos ecológicos necesarios para mantener la vida humana, la salud, la equidad, la diversidad y el funcionamiento de los sistemas naturales. La infraestructura sostenible permite el desarrollo económico y el uso eficiente de los recursos financieros, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida y protegiendo los recursos naturales. La infraestructura sostenible puede reducir el costo del ciclo de vida de la infraestructura, limitando al mismo tiempo los efectos negativos sobre el medio ambiente.
En conclusión, la planificación de la infraestructura debería estar dirigida a satisfacer los ODS.
La infraestructura es la base del desarrollo sostenible. Para su debida planificación los responsables de estas actividades deberían desarrollar y aplicar un sólido sistema de planificación. Así mismo, el gobierno debería constituir un organismo o dependencia encargado de dicha planificación y asegurar que opere sin depender de los plazos de gobierno y/o legislativos.
Invertir al menos 5% del PIB anualmente en el desarrollo y mantenimiento de infraestructura es condición básica para poder brindar los servicios que la sociedad demanda en términos de cantidad, calidad, seguridad y protección del medio ambiente y así mejorar la calidad de vida de la población.
