Por: Luis E. Montañez Cartaxo
En septiembre de 2015 los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Gobierno Federal, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los gobiernos estatales y municipales determinaron entonces que la implementación de la Agenda debía asumirse como un compromiso de Estado y se creó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030. Éste prácticamente no operó en el sexenio pasado, pero se reinstaló en junio de 2019 y en diciembre de ese año la Presidencia de la República retomó la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030 en México —publicada en 2018 por la administración anterior— y dio a conocer la “Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México”, elaborada en consulta con gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil organizada y la academia.
La Agenda 2030 consta de 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que en conjunto abarcan 169 Metas, a ser cumplidas para el año 2030. Todos los Objetivos tienen el mismo nivel de importancia, aparte de la numeración que les ha asignado la ONU, y son interdependientes entre sí.
La provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los aspectos más importantes de las políticas de desarrollo y contribuye también de modo significativo a mejorar las condiciones sociales, vía reducción de la pobreza, aumento de la calidad de vida y de los estándares de salud, así como de educación, entre otros beneficios. Los sectores de la infraestructura son básicamente seis: Transporte (carreteras, transporte urbano masivo, transporte ferroviario, ductos, puertos y aeropuertos); Telecomunicaciones (Telefonía fija, telefonía celular, comunicación satelital y conectividad); Agua potable y Saneamiento ( provisión de agua potable y redes de saneamiento); Electricidad (generación, transmisión y distribución); Infraestructura social (escuelas, hospitales, centros culturales y prisiones); e Inmobiliario y turismo. En México se incluye, además, el sector hidrocarburos.
La Meta 9.1 del Objetivo 9 consiste en desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. Claramente esta meta interseca varios de los ODS, como los del llamado nexo agua-energía-alimentación (ODS 2, 6 y 7). La Meta 9.1 está íntimamente ligada con las tres siguientes de dichos Objetivos: 2.1 - Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año; 6.5 - De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda; y 7.1 - De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Por otro lado, y en relación con el ODS 13, en la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Entre otros compromisos, los gobiernos de dichos países, incluido México, acordaron limitar el aumento medio de temperatura en el planeta a 1.5°C, a fin de reducir considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. Sin embargo, ninguno de los cuatro mayores contaminadores mundiales (China, Estados Unidos, la Unión Europea e India) ni tampoco muchos otros países, incluido nuevamente México, están actualmente en camino de hacer su parte en los esfuerzos mundiales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
El más reciente informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) destacó la severidad de los impactos que ya estamos experimentando con un incremento cercano a 1°C y declaró que ahora 2°C de calentamiento se considera altamente peligroso. Los impactos del calentamiento a 1°C son mucho más severos de lo que se había previsto. El clima extremo está causando cuantiosas pérdidas económicas anuales en daños, con presencia de inundaciones (recientemente en el sureste de México y Centroamérica), tormentas, sequías, olas de calor e incendios masivos (en California y Australia en 2019 y este año), además de las irreparables pérdidas humanas.
El cambio climático es un tema no sólo de medio ambiente, sino también de desarrollo y seguridad, que pone en riesgo potencial el cumplimiento de casi todos los ODS: la disponibilidad de comida, de agua y, por lo tanto, la seguridad humana; la economía (pérdida de capital natural); las medidas para reducir la pobreza y los medios de subsistencia de los pobres; la salud humana; los esfuerzos para reducir la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas; y la seguridad personal, nacional y regional. El cambio climático es un problema de equidad inter e intrageneracional y constituye un tema de riesgo, porque puede afectar negativamente de manera más aguda a los países en desarrollo y a las personas pobres que ahí habitan, así como a las futuras generaciones.
La pandemia de Covid-19 ha provocado un serio impacto negativo en el mundo, siendo México uno de los países más afectados en cuanto a pérdida de vidas humanas y contagios, particularmente entre el personal del sector salud. La condición económica ya era mala antes de la pandemia y ahora se ha agudizado su debilidad. Si agregamos que nuestro país es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y que el ritmo de crecimiento de la degradación ambiental no disminuye, el escenario es poco alentador. Sin embargo, si la política de impulso al desarrollo se enfoca seriamente en los ODS, habrá esperanza.
Casi todos los ODS se hallan en línea con los derechos humanos consagrados en el artículo 4º de nuestra Constitución Política, por lo que estaremos atentos al desempeño del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo mandato es: coordinar las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030, e informar sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores.
