Ing. Héctor Beltrán
Comité de Energía del CICM
Profesor de la UNAM
Empieza una nueva administración federal y con ello continúa el reto de implementar mecanismos que ayuden a resolver muchos temas pendientes en materia de energía. Con respecto al sector eléctrico, no existe discusión en que la electricidad se ha convertido en un insumo indispensable para mover la economía de cualquier país. El acceso a ella es considerado como un derecho que al ejercerse de manera plena se mejora notablemente la calidad de vida de las personas. Por otro lado, aquellos que ya cuentan con el acceso exigen mejoras continuas en la calidad y seguridad del suministro eléctrico, demandando además que se preste a precios razonables.
El trabajo para la nueva administración vendrá en dos frentes. Por un lado, la satisfacción de la creciente demanda de energía eléctrica (en especial cuando tenemos la oportunidad de aprovechar la relocalización de las cadenas productivas a través del nearshoring); y por otro lado la cada vez más necesaria inclusión ordenada de grandes bloques de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias como la eólica y la solar fotovoltaica.
Creo firmemente que uno de los componentes del núcleo duro de la nueva política energética debe de ser la mejora de la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y el impulso decidido de nuestra transición energética. Los cambios que deben lograrse no serán inmediatos y tampoco los retos serán resueltos por completo en un periodo de 6 años; sin embargo, sí se puede avanzar de manera significativa logrando soluciones incrementales partiendo de un diagnóstico realista sobre la condición de nuestra red eléctrica.
En primer lugar, para atender la creciente demanda de energía eléctrica es necesario dejar de pensar que la primera o la única medida para atenderla es incrementar la oferta. Es aquí donde aparece el papel relevante de la eficiencia energética. En lo personal considero que las acciones de eficiencia tienen que estar al alcance de todos los usuarios finales, desde las personas en sus hogares hasta los grandes usuarios de los sectores comercial e industrial. Al respecto vale la pena evaluar si una parte de los subsidios que destina el gobierno para reducir el costo de la electricidad para los consumidores podría redirigirse a financiar medidas de eficiencia energética ya analizadas y promovidas por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Así el usuario final se sigue beneficiando porque reduce el consumo de energía eléctrica y por lo tanto también el pago que realiza de las tarifas del suministro básico. Primero eficiencia, incremento de oferta después. Al hacer esto también estaremos contribuyendo a lo que nuestro gobierno ha denominado la “Transición Energética Soberana” que considera a la eficiencia energética como uno de sus dos pilares.
Ahora sí, para incrementar la oferta de energía se tiene que contar con una red robusta que acepte la interconexión ordenada de Centrales Eléctricas que, en mayor medida utilizarán tecnologías que son consideradas limpias (como la eólica o solar fotovoltaica) para cumplir con otra de las metas de nuestra transición energética. Para ello necesitamos que el sistema eléctrico cuente con lo que los ingenieros llamamos “flexibilidad”. Esta característica se relaciona directamente con la capacidad de la red eléctrica para recuperarse de disturbios y desbalances de frecuencia y de tensión de manera controlada, rápida y segura.
Existen diversas formas para dotar de flexibilidad a un sistema eléctrico. En este aspecto podemos referirnos a los sistemas de almacenamiento de energía como baterías o sistemas de rebombeo. A través de esas tecnologías es posible almacenar energía cuando esta no se demanda y posteriormente entregarla a la red cuando sube el consumo por parte de los usuarios finales. En este punto debemos de contar con la política energética adecuada que especifique de manera clara los objetivos, las metas, las líneas de acción sobre los aspectos que mejoren la flexibilidad del sistema eléctrico y, por ende, su confiabilidad.
Con respecto a la operación de nuestro sistema eléctrico es necesario atender dos aspectos de manera prioritaria. El primer se refiere a la reducción de la indisponibilidad de generación que, con base en la información oficial publicada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), dentro del sistema interconectado se alcanzaron valores superiores a los 20,000 MW durante varios días del año 2023 solamente refiriéndonos a Centrales Térmicas que utilizan combustibles fósiles para operar. Dentro de las principales causas de la indisponibilidad reportadas por el Cenace podemos señalar la falta de combustible (gas natural, carbón y combustóleo), la ocurrencia de fallas, mantenimientos prolongados y degradación. Disminuir la indisponibilidad de la capacidad de generación y trabajar para convertir la capacidad instalada en capacidad disponible es una de las primeras tareas que tendrá que tomar el nuevo gobierno para lograr mejoras significativas dentro del sector eléctrico.
Por otro lado, el segundo aspecto de la operación es atender el retraso acumulado en los proyectos de nueva infraestructura de transmisión ya instruidos por la Sener a la CFE. Si bien los procesos de planeación concluyen anualmente con la publicación del Prodesen por parte de la Sener es necesario que las propuestas de adición de infraestructura logren materializarse. Sobre este tema el Cenace advierte de manera puntual sobre los impactos que tiene este retraso en la confiabilidad y seguridad del suministro de energía a los usuarios finales. Al respecto se indica la existencia del fenómeno de saturación creciente de líneas de transmisión (en especial de enlaces críticos), sobrecargas de elementos en diferentes condiciones operativas y sobretensiones ante bajas transferencias de potencia o situaciones de baja demanda. Es necesaria una revisión del proceso actual de planeación y orientarlo en función de los resultados, así como de la factibilidad presupuestal y financiera para el desarrollo de los proyectos. Una red de transmisión robusta es una condición necesaria para enfrentar los desafíos que tenemos por delante.
Finalmente es recomendable que se analice el papel que puede jugar el sector privado. El marco legal actual, y que posiblemente cambie, ya cuenta con disposiciones específicas para la participación de terceros para el desarrollo, financiamiento y operación de infraestructura eléctrica. En este contexto se tendrá que resaltar la rectoría del Estado donde éste define en qué sectores y bajo qué medidas permite la participación de los terceros. En especial esto puede ayudar para liberar de una abultada carga presupuestal con la que tendría que contar la CFE. Todo lo anterior con la postura de que la participación del sector privado no debe sustituir al Estado, sino complementarlo. Sobre este último aspecto el gobierno que comienza deberá establecer reglas claras que generen certeza y que tenga como fin mayor el cuidado y protección de los intereses de los de los usuarios finales. Después de todo ellos son el centro y la razón de ser de toda la infraestructura energética.
