Ing. Arturo Palma Carro
Comité del Agua CICM
Antecedentes:
La reciente sequía que ha azotado a nuestro país ha tenido afectaciones en los sistemas de agua potable y saneamiento, en particular a los que se abastecen con aguas superficiales. Los organismos operadores han hecho un gran esfuerzo por distribuir el agua disponible a fin de atender a toda la población, pero la sequía ha dejado al descubierto deficiencias que deben ser resueltas a fin de evitar nuevas situaciones críticas. Los problemas son de diferente naturaleza: falta de infraestructura, operativos, de comercialización, entre otros y se acrecentarán con el crecimiento de la población y el cambio climático.
Hay que reconocer que nuestro país no tiene una disponibilidad uniforme de agua. La zona centro-norte de México ocupa dos terceras partes del país y es árida, ahí habita el 77% de la población y genera el 83% del PIB, a pesar de contar con el 33% del agua que es sustentable a nivel nacional. Mientras que la región sureste, donde habita el 23% de la población, se genera el 17% del PIB y se cuenta con el 67% del agua renovable del país (CONAGUA, 2022).
En este entorno se proporcionan los servicios de agua y saneamiento, para lo cual existen aproximadamente 3,500 prestadores de servicios de agua potable y saneamiento, de los cuales únicamente 672 son considerados formalmente como organismos públicos descentralizados (OPD), es decir, que cuentan con ingresos, patrimonio y figura jurídica propios; 1,500 están centralizados en los ayuntamientos, y más de 1,320 son comités rurales, ejidales, de usos y costumbres, entre otros.
Problemática:
La cobertura de la infraestructura para el suministro de agua potable es del 96.3% (2020), pero sólo el 55.9% de la población cuenta con agua todos los días, así como con excusado exclusivo y conexión a red de drenaje o fosa séptica (ENIGH 2022). En cuanto a alcantarillado, la población cuenta con una cobertura de 96.6%, pero conectados a la red pública solo el 77%.
La infraestructura de agua y alcantarillado adolece de la falta de mantenimiento derivado de la insuficiencia de recursos. Las fallas en los sistemas eléctricos, fugas en los sistemas de distribución de agua y la falta de desazolve de los colectores de aguas residuales y pluviales afecta la calidad de los servicios.
El país cuenta con 3,960 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de las cuáles sólo operan 2,642, la capacidad instalada es de 194,715 l/s, se tratan 141,479 l/s (72.7%), pero adecuadamente sólo un 40% del total de agua residual recolectada y menos del 5% de las PTAR’s cumple con la norma vigente (NOM-001-SEMARNAT-2021).
La tarifa promedio nacional del Sector Doméstico es de $16.45, el costo promedio por metro cubico es superior a $20 pesos, pero sólo se cobra el 65%, por lo que el monto que reciben los prestadores es tan solo de $10.69, es decir, sólo se cubre el 53% de los costos totales (ANEAS, 2021 y PIGOO, IMTA; 2018). En esas condiciones es muy difícil cubrir los costos de todos los componentes de los sistemas de agua y saneamiento, lo que va en detrimento del servicio a los usuarios.
Las tarifas son insuficientes para cubrir las necesidades de los organismos en función de sus costos; los mecanismos que rigen para la fijación de tarifas atienden primordialmente a razones políticas. Tradicionalmente se ha contado con recursos de la federación para el desarrollo de la infraestructura de agua y saneamiento, pero en los últimos años el presupuesto de PROAGUA, (que apoya directamente la infraestructura para los organismos operadores de los Estados y Municipios), es el 18% de lo que era hace una década. La recomendación de organismos internacionales, han señalado que un país como México requiere un monto de inversión sostenido y progresivo del 0.3% del PIB, que para 2022 representaría algo así como 80 mil millones de pesos.
Por otra parte, la falta de un modelo de gestión del agua adecuado a las condiciones actuales para México, permite que las obligaciones se diluyan por una legislación que otorga una gran responsabilidad a la autoridad municipal (eslabón más débil) y pocas facultades de regulación a los gobiernos estatales y federal.
Se suma a lo anterior, la alta rotación de los directores de los organismos y en consecuencia su falta de experiencia, ya que en promedio permanecen tan solo 1.7 años.
Propuestas de solución:
· Mejorar la eficiencia del uso del agua, por ejemplo, el sector agrícola pierde más del 50% de agua, de recuperar un porcentaje importante a través de programas de tecnificación del riego, se podría destinar una parte al uso público urbano.
· Fijar las cuotas y tarifas de agua acordes a los costos reales de operación. La recomendación de organismos internacionales señala que un país como México requiere un monto de inversión sostenido y progresivo del 0.3% del PIB, que para 2022 representaría 80 mil millones de pesos.
· Continuar con la construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica, es importante atender las posibles afectaciones sociales, proyectos bien dimensionados de acuerdo a las necesidades reales, asegurar las mejores fuentes de financiamiento.
· Un nuevo modelo de gestión que involucre los 3 niveles de Gobierno.
· Fomentar que gobernanza del manejo del agua para servicios de agua y saneamiento asegure mecanismos de participación de la sociedad organizada.
· Regulación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.
· Fortalecer las capacidades institucionales de los prestadores de servicios de agua y saneamiento del país, disminuir la rotación, fomentar la capacitación y certificación constantes.
· Contar con organismos financieramente autosustentables, “el agua paga el agua”.
· Fomentar la reutilización de las aguas residuales, para ello hay que adecuar algunas normas oficiales mexicanas y asegurar financiamiento para la construcción en estas redes de distribución (línea morada).
· Regularizar los derechos de agua de los municipios/organismos operadores. Para garantizar el derecho humano al agua.
