Desde hace casi 70 días, más de mil 300 personas que viven en la planta cementera de Tula, Hidalgo, de la cooperativa Cruz Azul, pasan día y noche sin luz. Las velas, las fogatas y los anafres hacen que la zona parezca parte del México preindependentista.

Ahí adentro hay una especie de mini-ciudad con todo tipo de negocios al servicio de los trabajadores y sus familias. “Trabajadores” es un decir porque sin suministro de energía, la planta no produce un solo gramo de cemento desde que bajaron el switch y las pérdidas ya rondan los mil millones de pesos.

Detrás de esta historia aparece Manuel Bartlett y la Comisión Federal de Electricidad.

Billy Álvarez, exdirectivo de la cooperativa Cruz Azul, está por cumplir los tres años prófugo. La Fiscalía General de la República y la Interpol lo buscan por presunto lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La huida facilitó los planes de su sobrino Víctor Velázquez para convertirse en el mandamás. Pasó de autorizar las entregas de cemento a proveedores, a ocupar el puesto de dirigente gracias a una asamblea cuestionada en distintas ocasiones ante tribunales y más importante, ante los cooperativistas que lo miran con desprecio.

Para afianzarse en el cargo, Velázquez necesitaba de un aliado con peso ante los tribunales. El camino lo llevó a Julio Scherer, en ese entonces Consejero Jurídico del presidente López Obrador. La influencia y conexiones de este último hicieron efecto en el Poder Judicial de la Ciudad de México, específicamente en el juzgado 60 de lo civil, el favorito de la casa.

A partir de ahí, el camino quedó pavimentado para aplicar una estrategia encaminada a tomar el control de la planta y asfixiar a los cooperativistas que la han defendido encerrados a piedra y lodo, con muertes incluidas. Velázquez y compañía tenían bien claro el plan. Primero, lograron congelar las cuentas bancarias de casi 200 trabajadores, muchos que vivían al día. Segundo, bajo el argumento de que él era el legítimo dirigente de la cooperativa, presentó un escrito ante la CFE. En el documento solicitó desconectar la luz en la planta de Tula para poder realizar supuestos trabajos de mantenimiento y se lo concedieron. Por orden de arriba, trabajadores de CFE retiraron el medidor y vino el apagón.

Pero los cooperativistas no se quedaron de brazos cruzados. A través de distintas disputas judiciales, y sin Scherer en el poder ejerciendo presión, consiguieron ganar amparos para reconectar el servicio. Uno en específico salió del juzgado cuarto de distrito, con una suspensión de plano, es decir la que se utiliza en temas excepcionales. El juez determinó que la CFE tenía que reconectar el servicio en 24 horas. Han pasado casi 70 días y la planta de Tula y sus cooperativistas siguen sin luz. Solo que ahora ya la cantaron: van contra Manuel Bartlett por desacato. Lo quieren destituido del cargo y preso.

Esos mismos cooperativistas identifican un sello detrás: Rafael Anzures Ortiz, abogado de Velázquez e hijo de Rafael Anzures Uribe, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El primero, señalan, es quien ha orquestado los intentos de invasión en Tula, que suman ocho muertos.

Insurgentes 357.