La mañana del 25 de abril de 2008, el cuerpo de Rual Santamaría Casas apareció en la orilla de la carretera federal 57, a la altura del municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí.
No era cualquier asesinato. Se trataba del subdirector de averiguaciones previas de la Procuraduría General del Estado. Un día antes había sido secuestrado por un comando armado. Tenía un tiro en la cabeza, los pies atados con cinta canela y una cartulina que decía “los tratos se respetan”.
A las pocas horas del hallazgo, personal del Ejército Mexicano rodeó por completo el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Los líderes del operativo entraron y preguntaron por un hombre: Martín Serrano Gómez , director de la Policía Ministerial. Los soldados le pidieron que los acompañara y él no tuvo más opción que acceder.
Al acercarse a la tanqueta militar del convoy que lo trasladaría hizo el intento de subirse como pasajero, cuando una voz le dijo: usted va atrás, esposado, en calidad de detenido.
En ese momento Martín Serrano Gómez entendió que su puesto ya no tenía influencia alguna. Junto con otros cuatro policías ministeriales quedó detenido y lo trasladaron a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO. Los cinco estaban acusados del asesinato de Rual Santamaría Casas.
En las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí llamó la atención que Serrano Gómez se ausentó el 24 de abril, es decir la fecha en que el comando levantó a la víctima. Al día siguiente, cuando las autoridades encontraron el cuerpo a la orilla de la carretera, Serrano Gómez regresó a la oficina, pero con fuertes molestias en una pierna que lo obligaban a caminar cojeando. Las alertas se encendieron y horas más tarde, se dio su captura por parte de los militares.
Martín Serrano Gómez y compañía pasaron 20 meses presos en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, acusados de delincuencia organizada, narcotráfico y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Luego, consiguieron su traslado al penal de La Pila, en San Luis Potosí, y finalmente quedaron en libertad cuando un juez les dictó sentencia absolutoria al considerarlos inocentes.
Ahora, 14 años después de su captura, el penal de La Pila le trajo una nueva buena noticia a Serrano Gómez. El pasado lunes 20 de junio se desató una fuerte balacera afuera de la cárcel que un día pisó como reo. Los videos corrieron por redes sociales, pero el C5 de San Luis Potosí quedó a deber y eso le costó el puesto a su titular Leobardo Aguilar Orihuela, viejo amigo del actual gobernador Ricardo Gallardo , del Partido Verde. Aguilar Orihuela era el directivo del penal de máxima seguridad de Ocampo, Guanajuato, cuando “El Pollito” Gallardo estuvo encarcelado ahí en 2015, acusado de un millonario desvío de recursos como alcalde de Soledad de Graciano.
El gran beneficiado del despido en el C5: Martín Serrano Gómez. Un día después del tiroteo afuera del penal quedó al frente de esa oficina fundamental en el combate a la delincuencia que, dicho sea de paso, cada vez causa más daño en San Luis Potosí. Las horas recientes lo confirman. No importaron los antecedentes.
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