El lanchero atracó la semana pasada después de un mal día con los turistas en el negocio del paseo en la banana. Muchos le preguntaron el costo del emblemático tour por la bahía de Acapulco, pero solo unos cuantos decidieron gastar los 150 pesos que cobra.
A la mañana siguiente, deseando que la temporada alta finalmente le hiciera justicia con buenas ganancias, el lanchero llegó dispuesto a trabajar y sólo encontró escombros calcinados flotantes. Ya no había lancha ni banana ni chalecos salvavidas. Dos días después, a otro colega le sucedió lo mismo y a inicios de esta semana, una víctima más.
Ninguno tiene dudas sobre lo que pasó. En Acapulco , no bastó con la extorsión a taxistas, restauranteros, gasolineros y dueños de bares. Las nuevas amenazas del crimen organizado fueron muy claras: o los lancheros pagaban cuota por mover a gente en la banana o se acababa el negocio. A estos tres les cumplieron. Ninguno denunció, ninguno reclamó. Nadie lo supo en un país que ardió por todas partes.
Parece que la resignación es y será la única salida para miles de mexicanos víctimas de la violencia desatada en días recientes. ¿O alguien le pagará a la familia de Jalisco el Pointer dorado del que apenas pudo salir porque lo quemaron hombres armados en cuestión de segundos? ¿Alguien le pagará los vidrios rotos por los balazos a la pizzería de Ciudad Juárez el día de la riña en el penal? ¿Alguien recibirá sentencia por asesinar a nueve civiles inocentes ahí mismo? ¿Alguien pagará los tratamientos y terapias de las víctimas?
Las respuestas lucen obvias ante un presidente que ya no es necesario describir y ante un sistema que permanece pasmado a pesar de la alternancia de políticos y gobiernos. ¿Un ejemplo? Desde los atentados terroristas con granadas en el centro de Morelia, Michoacán, en 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón , México no tenía registro de un ataque de esas dimensiones contra la población civil. En aquel entonces murieron ocho personas, según cifras oficiales. La semana pasada en los ataques de Ciudad Juárez mataron a nueve, solo que muchos prefieren callar.
Stent: El hombre que fue víctima del “ michoacanazo ” y que luego sacó de prisión al doctor Mireles y a 200 autodefensas más, cuando los acusaron de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, hoy está a cargo de las cárceles de Michoacán. A él le asignaron la responsabilidad de recibir a los casi 170 integrantes de “Pueblos Unidos” detenidos la semana pasada… acusados de portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Ignacio Mendoza argumentó en tribunales el “error de prohibición” porque el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de Alfredo Castillo , dotó a las autodefensas con más de 8 mil armas. Hoy, siguen las consecuencias.
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