Tradicionalmente, los temas económicos y de seguridad han ocupado el centro de las preocupaciones de la ciudadanía, de las campañas y el debate político. Asuntos como el empleo, la inflación o los índices de criminalidad están en los primeros lugares de atención pública, pues son los más próximos en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, la pandemia (re) introdujo un eje en las demandas y angustias principales de los mexicanos: la salud.
No es para menos: el colectivo Cero Desabasto encontró que, en el primer trimestre de 2022, se negaron más recetas en el sistema público que en todo 2019. Asimismo, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 son alarmantes: sólo 27.5% de los niños con un año cumplido tienen el esquema de vacunación completo, el punto más bajo desde 2000. Además, ha habido grandes subejercicios: más de 7 mil millones de pesos en suministro de medicamentos, casi 6 mil millones en atención y de hasta 75% (5 mil millones) en vacunación; esto sugiere que dichos recursos se han desviado hacia otros rubros.
La vacunación siempre ha formado parte de la historia nacional; incluso hay registros de campañas de inoculación que datan del Virreinato. El régimen posrevolucionario dio un impulso definitorio con la cartilla obligatoria, sobre la que se construyó un completísimo esquema de vacunación, gracias a personas como el Dr. Jesús Kumate. Así, entre 1951 y 2016 la mortalidad infantil se redujo 93%.
Este breve repaso nos muestra que la vacunación se ha ganado a pulso la etiqueta de “política de Estado”. Esto quiere decir que diferentes gobiernos, con diferentes proyectos y en diferentes circunstancias, han sabido reconocer la necesidad de continuar con aquellas políticas benéficas para la población, independientemente de su origen partidista. Esto se contrapone con las “política de partido”, cuando un grupo político pretende diferenciarse en sus acciones gubernamentales de quienes considera sus adversarios, incluso si esto implica renunciar a políticas exitosas previas.
El caso de la vacunación , y la gestión del sistema de salud en general, parece estar sufriendo este tránsito de política de Estado a política de partido. Para alimentar una cuestionable narrativa de transformación nacional, el oficialismo ha comprometido seriamente la viabilidad del sistema. El INSABI no funcionó; el desaseado cambio del sistema de compras de medicamentos arriesga la vida de las personas; ahora los recién nacidos tienen mayores dificultades para acceder a vacunas básicas.
Las políticas de partido son perfectamente válidas en una democracia, pues reflejan la pluralidad de opiniones sobre asuntos públicos y expresan mandatos con que los gobiernos ganan elecciones. Sin embargo, las repúblicas estables requieren también grandes políticas de Estado: permanentes a lo largo del tiempo y siempre perfectibles, pero resistentes a decisiones ideológicas de coyuntura o motivadas por cálculos electorales.
Por eso, al criticar los fallos del gobierno en materia de salud, al defender lo que se había logrado para mejorarlo, ni la oposición ni la ciudadanía estamos polarizando u obstaculizando: al contrario, el llamado es a distinguir con claridad lo que debe ser asunto de Estado, por encima de proclividades de partido. La salud lo es; no porque lo digan los políticos, sino porque cada vez más así lo reconoce y demanda la gente.
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