La reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente busca modificar la integración y organización de la judicatura federal, así como establecer la elección directa de sus integrantes. También busca limitar los alcances de sus decisiones al prohibir, por ejemplo, que un juzgador suspenda la vigencia de una ley cuando considere que su aplicación puede violentar derechos fundamentales.
El oficialismo defiende la propuesta argumentando que obedece a una exigencia social de garantizar el acceso a la justicia y erradicar la impunidad; algunos voceros incluso han calificado el planteamiento como una reforma integral al sistema de justicia. Sin embargo, el verdadero propósito de la iniciativa presidencial no es otro que asegurar el control político de los tribunales federales: desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los Juzgados de Distrito.
Este objetivo es visible en lo que contempla la iniciativa; pero, sobre todo, en lo que no contempla: los temas ausentes que sí necesitan ser parte central de una discusión seria para mejorar nuestro sistema de justicia. En las siguientes líneas expondré tres ejemplos concretos que deberían ser considerados en una reforma integral en favor de las personas y sus derechos.
En primer lugar, los Tribunales de Justicia Administrativa, que resuelven controversias entre los gobiernos y los particulares. Están a cargo, por ejemplo, de impartir justicia en asuntos relacionados con el pago de impuestos: se puede acudir a ellos cuando hay algún abuso, error o irregularidad de las autoridades fiscales. También son instancias vinculadas con las sanciones a servidores públicos que cometen actos de corrupción. La iniciativa del Ejecutivo ni siquiera los menciona.
En segundo lugar, las fiscalías generales. De acuerdo con el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del INEGI, al cierre de 2022 se reportaron 2,915,899 averiguaciones previas o carpetas de investigación pendientes de concluir en las fiscalías, más de 98% en las fiscalías locales. En el caso de las órdenes de aprehensión pendientes, la cifra es de 333,927. Estos indicadores son suficientes para evidenciar que las capacidades de las fiscalías de todo el país están rebasadas, pero la propuesta presidencial no contiene ninguna estrategia para fortalecerlas.
En tercer lugar, la justicia cívica. Es el componente más cercano a las personas de todo el sistema de justicia: se encarga de atender los conflictos cotidianos que suceden en las alcaldías y municipios, buscando una solución pacífica. Cuando no es posible, el juzgado cívico impone sanciones con un componente restitutivo hacia la comunidad, como el trabajo comunitario. Desempeña un papel fundamental en la seguridad cotidiana y la prevención del delito. Es un modelo exitoso, que ha dado buenos resultados y debe fortalecerse.
Sin contemplar al menos alguno de estos elementos, sin un diagnóstico claro, sin objetivos definidos y sin criterios de evaluación para alcanzarlos, la propuesta de reforma judicial del oficialismo es, en parte, una simulación, en parte una revancha; y, ante todo, un paso más en la concentración del poder sin contrapesos.
Existen condiciones para impulsar una auténtica reforma integral al sistema de justicia, más allá de las ambiciones presidenciales. Es momento de discutirla con seriedad.
Senadora de la República
