La lucha por los derechos de las mujeres tiene muchas aristas: desde erradicar todas las formas de violencia en razón de género –particularmente las más infames: la violación y el feminicidio–; hasta garantizar el acceso de las mujeres a espacios de decisión y ampliar las herramientas para las mujeres en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las madres trabajadoras.
La desigualdad de género es una realidad cotidiana que atraviesa todos los ámbitos de nuestras vidas, en todos los sectores y en todos los niveles. Y en la medida en que las desigualdades son transversales, las medidas para enfrentarlas también deben serlo.
En el trabajo, por ejemplo, las mexicanas enfrentamos la brecha salarial más grande entre los países de América Latina: por desempeñar las mismas funciones, una mujer gana en promedio 85 pesos por cada 100 que reciben los hombres. A esta desventaja, debemos añadir que las mujeres dedicamos hasta tres veces más tiempo que los hombres a las actividades no remuneradas, como el cuidado de las hijas e hijos.
Con el propósito de resarcir esa injusticia histórica, este miércoles las y los senadores aprobamos por unanimidad una serie de reformas para garantizar la igualdad salarial y erradicar la discriminación laboral. Estas modificaciones tienen como propósito hacer efectivos los principios reconocidos por nuestras leyes: dotando a las autoridades de atribuciones para exigir su cumplimiento y estableciendo sanciones para quienes no los cumplan.
Abatir la desigualdad económica de la vida de las mujeres puede ser el punto de partida de un círculo virtuoso que permita lograr la justicia en otros ámbitos. En este sentido, cerrar la brecha salarial ayuda a lograr la autonomía e independencia, que permite tomar decisiones; incluso, puede hacer la diferencia para que una víctima de violencia doméstica tenga la capacidad de escapar del espacio en que es violentada.
Si bien la aprobación de estas reformas es de celebrarse, no podemos pasar por alto que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres nos exige un compromiso y un trabajo permanente en, al menos, dos vías:
Por un lado, la de las instituciones. Una tarea que no se agota en la legislación, las políticas públicas y las acciones de gobierno, sino que también requiere de acciones afirmativas en todos los sectores, así como grandes esfuerzos educativos y de difusión.
Por otro lado, la de la sociedad. Aquí, es necesario impulsar cambios de fondo, que nos permitan construir una verdadera cultura igualitaria en todos nuestros espacios de acción; en nuestros centros de trabajo, en nuestra comunidad y, sobre todo, en nuestras familias.
De poco servirá el fortalecimiento de nuestras leyes e instituciones en beneficio de las mujeres, si el espíritu de nuestras reformas no encuentra terreno fértil en una sociedad igualitaria. Por eso, si verdaderamente queremos hacer de la igualdad sustantiva una realidad para todas las mexicanas, no basta con garantizar derechos: tenemos que erradicar prejuicios. Para alcanzar ese objetivo, hay mucho trabajo pendiente.
Senadora de la República
