El desafío de la seguridad pública persiste como uno de los grandes pendientes del Estado mexicano. No son únicamente esporádicos episodios de violencia, como la barbarie exhibida en la masacre en San José de Gracia, sino el permanente clima de inseguridad que se vive en múltiples regiones de todo el país. Ante tal escenario, distintos gobiernos han recurrido al despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas de seguridad, y éstas han respondido con el patriotismo y lealtad que las caracteriza. Sin embargo, su participación en estas labores —si bien se originó por la insuficiencia de las capacidades de las policías civiles que tienen encomendada constitucionalmente esas tareas—, obliga a una reflexión más profunda respecto del papel que deben tener en un estado democrático.
Desde hace casi dos décadas, gobiernos de todo signo han enfrentado al crimen organizado, la violencia e inseguridad con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El despliegue territorial de tropas ha servido para pacificar y retomar el control de zonas, así como disuadir y combatir distintos ilícitos, desde el llamado huachicoleo hasta el tráfico de drogas. Sin embargo, lo que en un primer momento se pensaba como una colaboración subsidiaria a los esfuerzos de las corporaciones civiles, ha pasado a ser el eje central de la estrategia de seguridad.
El plan implementado por la actual administración federal ha pretendido, por un lado, atacar la criminalidad en sus raíces a través del otorgamiento de incentivos económicos vía los programas sociales; mientras que por el otro, planteó la creación de una Guardia Nacional encargada de atender la inseguridad. En el primer caso no se tienen resultados concretos que nos permitan identificar si dichas políticas han tenido el efecto deseado; en el segundo, el referido cuerpo presenta una disociación entre lo establecido en la Constitución y su puesta en marcha, que ha conllevado una mayor presencia de efectivos militares en tales tareas.
La creación de la Guardia Nacional en 2019 mediante la reforma constitucional que la estableció como una institución policial de la Federación, fue producto de la suma de voluntades políticas cuya intención era dotar al Estado mexicano de un nuevo cuerpo encargado de la seguridad, con un mando civil y que permitiera en el mediano plazo el regreso del ejército a sus cuárteles, para encargarse de los asuntos propiamente de seguridad nacional. Es decir, su objetivo era fortalecer las capacidades institucionales civiles en el marco de un estado democrático. Ello no ha sido así.
En los hechos, la Guardia Nacional funciona y está integrada de forma militar. Por ejemplo, el 76% de sus integrantes siguen perteneciendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2021 que elabora el INEGI, mientras que el reclutamiento de nuevos efectivos ha sido casi nulo.
Hay anuncios de que en los próximos meses se presentará una propuesta de reforma constitucional para que la Guardia Nacional se integre a la SEDENA. Más allá de la adscripción que tenga, ese planteamiento tendría como consecuencia, que la Guardia Nacional dejara definitivamente de concebirse desde la Constitución como un cuerpo de naturaleza civil, y el país quedaría sin una policía civil a nivel federal (pues recordemos que la antigua Policía Federal quedó subsumida en la nueva Guardia Nacional), lo cual implicaría un grave retroceso para nuestro régimen democrático.
En días pasados, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República realizó una serie de Jornadas en materia de seguridad, en donde se trató el tema desde distintas perspectivas, incluido el tema del diseño institucional y características de las policías encargadas de esta tarea. En esas jornadas, se refrendó la importancia de consolidar policías civiles con mayores capacidades en los tres órdenes de gobierno, así como el imperativo de que sea una institución policial civil la que constituya el eje de la estrategia de seguridad.
Las y los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas han desempeñado su labor de forma leal y apegada al estricto cumplimiento de las tareas asignadas siempre con probidad e institucionalidad. Por ello, frente el desgaste que supone la realización de actividades para las que propiamente no han sido formadas es deber del Estado mexicano permitirles en un plazo razonable, dedicarse al ámbito exclusivo de sus competencias, tal como la Constitución establece.
El debate que se avecina sobre la Guardia Nacional es el momento perfecto para tratar el reto de la seguridad desde una perspectiva integral. No debe circunscribirse a cuál es la dependencia en la que se debe adscribir este cuerpo, sino abordar los temas de si la Guardia debe ser un cuerpo intermedio o uno policial civil, cómo debe garantizarse que el Estado mexicano invertirá en la consolidación de una policía federal civil y fortalecerá las capacidades de los estados y municipios en la materia, cuáles deben ser las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas, cuál el presupuesto que requieren para desempeñarlas o cómo debe ser el régimen de rendición de cuentas al que estén sujetas, entre muchos otros más. En esta discusión, deberá prevalecer ante todo la visión del México que queremos en el futuro.
Senadora de la República
