Las primeras medidas emprendidas por la administración de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad pública marcan un giro significativo en comparación con el gobierno pasado. La última reunión del Consejo Nacional de Seguridad representa –en sí misma– una ruptura con la estrategia fallida de los últimos seis años.
El cambio más notable radica en el restablecimiento de la coordinación efectiva entre órdenes de gobierno. Este enfoque contrasta marcadamente con la fragmentación, la evasión de responsabilidades y los “brazos caídos” de las autoridades federales para hacer frente a las amenazas que ponen en riesgo la seguridad y la gobernabilidad del país, como el crecimiento exponencial del poder del crimen organizado.
En México, la crisis de violencia persiste y exige medidas urgentes. En el primer mes de gobierno se registraron 2,564 homicidios dolosos en el país: un promedio diario de 86. La organización Causa en Común ha contabilizado 404 masacres (multihomicidios con tres o más víctimas) cometidas en lo que va del año, 83 de ellas durante la actual administración. Es decir, en nuestro país se cometen 37 masacres cada mes: más de una cada día.
El mes pasado, en ambas cámaras del Congreso Federal, aprobamos la iniciativa de reforma constitucional de la titular del Ejecutivo para fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La dependencia será el eje nacional de coordinación, vigilancia e incluso sanción de la actuación de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, además de concentrar toda la información de inteligencia delictiva.
La militarización definitiva de la Guardia Nacional dejó a la Secretaría de Seguridad como una estructura sin capacidad operativa alguna. Sin embargo, la actual administración federal ha reconocido la necesidad impostergable de construir una estrategia de seguridad auténticamente nacional, con la participación de entidades federativas y municipios.
El cambio de rumbo está dando sus primeros resultados. El decomiso de más de 20 millones de dosis de fentanilo en Sinaloa es un golpe contundente al crimen organizado. El operativo que lo hizo posible no sólo demuestra la efectividad de la coordinación entre fuerzas de seguridad, también exhibe la falsedad del discurso que negaba la presencia y la producción de esta droga en territorio mexicano.
Sin embargo, no es ocasión de triunfalismos. La nueva estrategia es prometedora en el papel, pero tendrá que ponerse a prueba en el territorio. El contexto internacional añade presiones adicionales. Con Donald Trump a seis semanas de asumir el cargo, México está obligado a mostrar resultados tangibles en el combate al narcotráfico.
El éxito de la nueva estrategia de seguridad dependerá no solo de mantener la coordinación institucional y enfrentar al crimen organizado, sino también de la capacidad gubernamental para sostener estos esfuerzos en el tiempo y adaptarlos a las realidades de cada región. Es momento de asumir un compromiso de Estado para darle viabilidad al cambio de rumbo. En cualquier esfuerzo por recuperar la seguridad, México no tiene tiempo que perder.
Diputada federal
