En los sistemas presidencialistas como el nuestro, la revocación de mandato es el mecanismo de democracia directa mediante el cual la ciudadanía puede remover anticipadamente a una autoridad electa, es decir, antes del término constitucional de su mandato.
En México, esta figura no es del todo novedosa. En algunas entidades, como Yucatán o Chihuahua, la revocación de mandato se había incorporado desde el siglo pasado, aunque la medida nunca se utilizó y finalmente fue declarada inconstitucional. En años recientes, diversos estados lo incorporaron en su legislación local. En 2019, el instrumento se consagró en la Constitución Federal, abriendo la posibilidad de retirar anticipadamente del cargo al presidente de la República, a las y los gobernadores, así como al jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Si bien la revocación de mandato es un mecanismo legítimo, que resulta conveniente para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía en un sistema democrático, ello no significa que esté exento de desventajas. Quizás el riesgo principal de este instrumento consiste en la posibilidad de que sea utilizado con fines políticos por los grupos en el poder, pervirtiendo su sentido para convertirlo en un mecanismo al servicio del gobierno en turno.
Hace dos años, la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato estableció los criterios fundamentales del mecanismo revocatorio. Sin embargo, el Congreso de la Unión está obligado a emitir la ley reglamentaria del procedimiento, a partir de las disposiciones constitucionales. Este será uno de los primeros debates que tendremos en la LXV Legislatura, que está por comenzar. Yo misma presenté una iniciativa de Ley Federal de Revocación de Mandato, que está contemplada entre las propuestas que serán dictaminadas en las comisiones del Senado de la República.
En este contexto, es necesario aclarar que la revocación de mandato consagrada en nuestra Ley Fundamental es un instrumento de empoderamiento ciudadano con un objetivo muy claro: brindar una solución institucional en un escenario de crisis política originada por la pérdida de confianza en el titular del Ejecutivo Federal.
Este criterio constituye una conquista de la oposición en el Congreso de la Unión. En la construcción de acuerdos que permitió la aprobación de la reforma constitucional, logramos modificar el planteamiento original: una iniciativa que pretendía establecer un ejercicio revocatorio coincidente con las elecciones intermedias, con claros propósitos electorales.
En la deliberación de la legislación secundaria, el oficialismo busca nuevamente desvirtuar esta figura, con la intención de aprobar una ley reglamentaria que en realidad impulsaría la ratificación del mandato. Las diferencias son abismales: mientras que la revocación plantea la salida anticipada del cargo, la ratificación tiene por objeto la permanencia en éste, además de ofrecer un espacio para desplegar una campaña electoral, financiada con recursos públicos, fuera de los periodos establecidos para ello.
En pocas palabras, se pretende quitar a la ciudadanía el derecho de remover al titular del Ejecutivo, a cambio de una herramienta que será usada con fines electorales y de propaganda. No lo vamos a permitir.
De cara a la próxima discusión, la oposición en el Congreso Federal se mantendrá firme en su compromiso de garantizar que la revocación de mandato sea un verdadero mecanismo de empoderamiento de la ciudadanía. Nuestro objetivo es claro: revocación, no ratificación.
Senadora de la República
