En política, tras los grandes acuerdos, proyectos o iniciativas, el diablo se esconde en los detalles. Así, el oficialismo ha emprendido una amplia reforma electoral sin, de hecho, promoverla.
Desde el año pasado se han anticipado una serie de propuestas de reforma constitucional, de las cuales sólo conocemos el texto de una: la reforma energética. De las otras dos, la de la Guardia Nacional y la electoral, sólo atisbamos los posibles contornos que podrían tener por los pocos detalles que ha dado a conocer el titular del Ejecutivo.
Sin embargo, el oficialismo lleva un trecho recorrido en su pretensión de reformar “de a poco” la legislación electoral, sin presentar propiamente una iniciativa de reforma constitucional. Esta estrategia tiene como base la aprobación de iniciativas que no necesitan de una mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión.
Para ejemplo, bastan las dos iniciativas con proyecto de decreto que la mayoría aprobó la semana pasada en el Senado de la República. Una que busca, en el fondo, excluir a las minorías de los órganos directivos en ambas cámaras, basándose en la falsa premisa de que el voto mayoritario por una opción define, a su vez, la conformación de los órganos dentro del Congreso, en detrimento de los derechos políticos de las minorías. Ello sin que el TEPJF pueda conocer del asunto. La otra modificó, a conveniencia, la interpretación sobre lo que significa la “propaganda electoral”. Todo ello con el fin de que servidores públicos, legisladores, gobernadores e incluso el titular del Ejecutivo, pudieran hacer propaganda en el ejercicio revocatorio del próximo 10 de abril (y, por extensión, durante los procesos electorales).
Esta actitud deliberada de presentar iniciativas sin el ánimo de que se examinen, discutan y aprueben de forma consensuada, es contraria a la sana convivencia democrática. La mayoría ha demostrado, e incluso expresado abiertamente en voz de sus legisladores, su desdén por las minorías, la pluralidad democrática y la legitimidad de la representación de otras opciones políticas.
No debería extrañarnos. El balance de fuerzas tras la elección federal de 2021 no fue precisamente alentador para el bloque oficial. Es posible reconocer que, tras su victoria de 2018, no han vuelto a alcanzar ese apoyo ni esos números. Ni en la Cámara de Diputados, ni en las alcaldías de la Ciudad de México.
Para decirlo claramente: el oficialismo se ha encontrado a sí mismo encerrado en su laberinto. La estrategia seguida por la mayoría, que tiende a polarizar el debate público y las decisiones políticas ha pasado la factura, politizando a un sector cada vez más amplio de la ciudadanía, que no ve en el proyecto presidencial una opción para nuestro país.
Este “reformismo sin reforma” es sólo una muestra de exasperación, que busca ir quitando de a poco los diques legales para hacerse del poder dentro del Congreso, para hacer reglas a modo, para saltarse las “trabas” de la Constitución, con miras a 2024. Afortunadamente, el núcleo de nuestro sistema electoral está a salvo. Contamos con instituciones sólidas y autónomas, con funcionarias y funcionarios profesionales. Y, sobre todo, con una oposición que no está dispuesta a colaborar con ninguna reforma constitucional que pretenda minar la solidez de nuestro sistema democrático.
@ruizmassieu
