Este miércoles, la mayoría oficial en la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma constitucional a los poderes judiciales. Después de sesionar durante más de 17 horas en una sede improvisada, Morena y sus aliados consumaron el atentado contra la independencia judicial y la división de poderes.
La aprobación se dio en un contexto de violaciones a las normas y procedimientos de la Cámara de Diputados. El dictamen de la comisión de puntos constitucionales de la Legislatura pasada no pasó por las comisiones de la nueva Legislatura, que ni siquiera se han instalado. Las condiciones de la sesión hicieron imposible rectificar el quórum y verificar que efectivamente fueran legisladores –y no sus colaboradores– quienes ocupaban los asientos durante la jornada nocturna.
El proyecto aprobado por la mayoría artificial está muy lejos de ser una auténtica reforma al sistema de justicia. Más bien consiste en la constitucionalización de ocurrencias y tácticas diseñadas para capturar definitivamente al Poder Judicial de la Federación: purgarlo, debilitarlo y someterlo al control político del Ejecutivo. Con un artículo transitorio, se pretende replicar la estrategia en las 32 judicaturas locales.
La reforma es la venganza del oficialismo contra un poder autónomo que ha ejercido su función de control constitucional para frenar las ambiciones gubernamentales que violentaban los derechos y libertades de las personas. Sólo así se explica la ausencia de un diagnóstico objetivo sobre la estructura, integración, funcionamiento, desempeño y eficiencia de los poderes judiciales.
Morena y sus aliados quieren hacer de nuestra Ley Fundamental un libro abierto a disposición del gobierno en turno; o, peor aún, el texto normativo que una mayoría partidista puede utilizar para ajustar cuentas en su delirio revanchista. Sin diagnósticos ni propuestas serias, esa mayoría busca imponerse para convertir la voluntad presidencial en disposición constitucional.
Uno de los principales componentes de la reforma es la elección de juezas, jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. Sin embargo, más allá de requisitos mínimos, no se establecieron estándares para garantizar la idoneidad de quienes aspiren a ocupar esos cargos. El propósito es que los juzgadores estén al servicio del poder político, pero también se abre la posibilidad de que estén al servicio de otros intereses, particularmente, del crimen organizado.
Es innegable la pulsión centralista en el fondo de la propuesta. Sin ningún argumento, los prejuicios de la iniciativa presidencial contra el Poder Judicial de la Federación se transfieren por completo a los poderes judiciales locales, junto con sus efectos nocivos para el acceso a la justicia en condiciones de imparcialidad y objetividad. Es una afrenta contra el federalismo.
No es menor que su posible aprobación haya encendido las alertas en prácticamente todos los sectores involucrados en su implementación: trabajadores de los poderes judiciales, especialistas, colegios de abogados, organizaciones civiles, organismos internacionales, incluso entre los estudiantes de derecho. El paro de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un hecho sin precedente que refleja la gravedad de sus implicaciones.
El Senado de la República recibió la minuta de la Cámara de Diputados. Su aprobación requiere de una mayoría calificada que, hasta el momento, el oficialismo no tiene. En esta coyuntura crítica para el futuro de la República, todas las oposiciones están llamadas a resistir con firmeza, dignidad y valentía. México está al borde de una crisis constitucional de alcances históricos. Estamos a tiempo de evitarlo.
Diputada federal
