Estos días han sido fundamentales para el futuro de nuestra democracia : el gobierno aplicó su mayoría en el Congreso, pero también se reafirmó un bloque, tanto ciudadano como legislativo, en defensa de las instituciones electorales. Como lo anticipé en este espacio, si bien las enormes movilizaciones ciudadanas del 13N evitaron una reforma constitucional nociva para nuestro sistema electoral, Morena y sus aliados aún cuentan con los números para hacer enmiendas –muchas inconstitucionales– que trastocan gravemente los pilares de unas elecciones confiables.
Ante la imposibilidad de crear un árbitro electoral a modo, el oficialismo decidió debilitar las capacidades del INE, con reformas aprobadas al vapor, que no se dialogaron ni concertaron con la oposición, ni tomaron en cuenta a la ciudadanía. De hecho, ni siquiera los diputados de Morena sabían exactamente lo que votaron, porque esa reforma no surgió de un debate, sino de una instrucción. Así pasó al Senado, donde muchos compañeros de la oposición y yo señalamos nuestro rechazo, aunque el oficialismo tiene los votos para imponerse.
La contrarreforma ataca al régimen democrático de dos maneras importantes. Operativamente, porque eliminan del INE los órganos locales y distritales necesarios para la correcta realización de las elecciones: desde la integración del padrón, la capacitación de funcionarios ciudadanos e instalación de casillas, hasta el cómputo de los sufragios. Con menos recursos y menor personal especializado, se abren las puertas para el abuso y se cargan los dados en favor del partido en el poder. Sobre todo, con un INE debilitado, el gobierno tendrá más capacidad para argumentar supuestos fraudes, cuando los resultados no le favorezcan.
Jurídicamente, se hacen más laxas las conductas sancionables. Esta contrarreforma legitima los actos anticipados de precampaña y campaña, así como la promoción personalizada de servidores públicos. Nuevamente, estas medidas benefician al partido en el poder, puesto que sus funcionarios-candidatos podrán usar de forma aún más impune los recursos públicos para su promoción. Tanto el INE como el Tribunal Electoral tendrán dificultades para resolver las quejas promovidas ante los abusos e ilegalidades.
Se trata de reducir la capacidad de conducir elecciones limpias y de hacer valer la ley, para después acusar a las instituciones de ineficientes y hasta innecesarias. De ahí a que el gobierno vuelva a hacerse cargo de los comicios no hay más que algunos pasos. Es un retroceso a 40 años de avances democráticos, construidos por la p luralidad mexicana.
Algunas personas han señalado que había propuestas rescatables en el llamado “plan B”, como mayor inclusión para grupos vulnerables; sin embargo, la combinación de algunas causas nobles con una mayoría de iniciativas abiertamente dañinas no es algo aceptable. Es la misma estratagema utilizada con la reforma constitucional militarista de hace dos meses: ofrecer un par de medidas razonables –como señuelos– a cambio de otras muy perjudiciales.
Frente a esta situación, las oposiciones en el Senado rechazamos el dictamen. Sabíamos que no contábamos con la fuerza de los números, pero también que nos asistía la Constitución, el mandato ciudadano y nuestra congruencia personal.
Hoy vivimos un grave retroceso, pero 2022 también podría ser recordado como el comienzo de un movimiento en defensa de la democracia , en torno al cual se aglutinen múltiples oposiciones ciudadanas y partidistas, con miras a construir una propuesta alternativa para el país. Porque si bien quienes defendemos la democracia hoy no tenemos mayoría legislativa, sí contamos con un gran respaldo ciudadano, que ya demostró su capacidad de movilización y su voluntad de consolidar una democracia para todas y todos.
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Senadora de la República
@ruizmassieu
