La inseguridad y la corrupción son dos grandes males frente a los que la ciudadanía demanda acciones contundentes. El problema es cuando los gobiernos, en lugar de ofrecer respuestas serias que exigen cambios profundos, prefieren dar respuestas fáciles y de corto plazo, aunque inútiles, que les permitan mantener su popularidad.
El populismo penal consiste en que se promuevan medidas espectaculares que suenan bien, pero que son ineficaces para combatir la delincuencia, como incrementar drásticamente las penas de cárcel. Muchas personas celebran estas iniciativas como acciones de “mano dura”, pero en realidad dan pocos resultados y a veces crean más problemas de los que resuelven. Esto es lo que han hecho las mayorías oficialistas en el Congreso mexicano. Menciono tres ejemplos:
Primero, las reformas sobre prisión preventiva oficiosa. Con ellas, se amplió el catálogo de delitos por los cuales un indiciado (quizá inocente) puede ser encarcelado mientras se desahoga su proceso judicial. Esta medida, además de ser contraria a derechos como la presunción de inocencia, podría generar altos costos para nuestro sistema penitenciario: hoy, 41% del total de las personas privadas de su libertad aún esperan sentencia.
Segundo, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta ley permite que el gobierno asegure y ponga a la venta bienes presuntamente utilizados para cometer delitos. El problema radica en que puede hacerlo antes de un juicio, sin que se haya determinado la responsabilidad del acusado. En pocas palabras, se puede arruinar el patrimonio de gente inocente, o incluso usar esta ley como arma política contra críticos u opositores.
Tercero, las reformas en materia penal fiscal contra empresas “fantasma” y uso de facturas falsas. Si bien los ilícitos fiscales deben castigarse con severidad, catalogarlos como delincuencia organizada o delitos contra la seguridad nacional, que merecen prisión preventiva oficiosa, resulta un exceso contrario a derecho que además se presta al abuso político. Contra esas reformas, el bloque de oposición en el Senado promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Estas tres acciones podrían sonar bien en la teoría, pero un examen cercano demuestra que, además de los vicios ya señalados, son medidas que en gran parte se quedan en el papel, pues no van acompañadas con los recursos (que deberían reflejarse en el presupuesto) para llevarlas a la práctica de forma responsable.
Frente a este populismo penal se presenta la alternativa de largo aliento, la de fortalecer toda la cadena del sistema de procuración de justicia: robustecer las capacidades de investigación de los ministerios públicos, a fin de concretar sentencias en apego a la legalidad; mejorar la capacitación, equipamiento y la remuneración de las policías locales, así como sus mecanismos de control interno; establecer estrategias de coordinación entre la Federación y las entidades y; en el último eslabón, revisar a fondo el funcionamiento del sistema penitenciario (desde la infraestructura hasta el combate a las mafias criminales que continúan operando desde dentro).
Mientras los cambios a nuestra legislación penal no tengan el respaldo de una estrategia sólida y los recursos suficientes para las instituciones, no serán más que populismo: falsas soluciones a los problemas reales que padecemos.
Senadora de la República
