Un Estado democrático de derecho se funda sobre tres principios esenciales: el imperio de la ley, la legitimidad del poder público y la protección del régimen de derechos y libertades para todas las personas.
El imperio de la ley significa que todas las acciones del poder público deben estar subordinadas a un orden constitucional y legal establecido. La legitimidad del poder público exige la división de poderes para evitar abusos, así como la elección democrática de los representantes. La protección del régimen de libertades y derechos implica la necesidad de crear instituciones y mecanismos para garantizar su ejercicio efectivo.
Para la ciudadanía, el Estado de derecho debe traducirse en la plena confianza de que la Constitución y las leyes existen, ante todo, para protegerla frente a cualquier arbitrariedad. Garantizar esta certidumbre es la tarea fundamental del Poder Judicial.
En México, el Poder Judicial no sólo es la autoridad constituida para impartir justicia. Su responsabilidad comienza con la interpretación de las leyes y la resolución de las controversias entre particulares. Pero no se agota ahí; también es responsable de intervenir cuando una norma o un acto de autoridad es violatorio de derechos fundamentales, así como para resolver conflictos entre autoridades, cuando no se respetan los límites definidos entre las competencias.
Sin embargo, quizás la función más importante del Poder Judicial es proteger y defender el orden constitucional y legal, así como los derechos y libertades de las personas: se trata de la última línea de defensa de los principios que sustentan al Estado democrático de derecho.
Por ejemplo, en mayo pasado —para proteger y restablecer el orden constitucional— la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma a la Constitución Política de Baja California, que pretendía ampliar de dos a cinco años el mandato para quien fue electo gobernador de la entidad.
La reforma había puesto en riesgo las bases del sistema democrático, al abrir la posibilidad de ampliar el ejercicio de un cargo después de una elección convocada para un periodo distinto, violentando con ello los principios de certeza electoral y de no reelección, así como el derecho ciudadano a votar y ser votado.
Asimismo, para defender los derechos y las libertades de las personas, en 2017 la Suprema Corte mandató al Congreso de la Unión legislar para subsanar la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley General de Salud que, en conjunto, prohíben el uso adulto del cannabis, violentando el derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad.
Gracias a ese mandato, motivado por una jurisprudencia de cinco amparos definidos en el mismo sentido, ahora en el Senado de la República deliberamos sobre la nueva legislación para regular los usos del cannabis, que permitirá a nuestro país transitar hacia un nuevo modelo para enfrentar el problema de las drogas, incorporando un enfoque de salud pública, distinto de la prohibición que ha resultado insuficiente.
No obstante, para que el Poder Judicial pueda desempeñar efectivamente sus funciones y cumplir plenamente sus responsabilidades, necesita condiciones adecuadas: independencia de cualquier otra autoridad; autonomía para tomar decisiones en plena libertad, atendiendo exclusivamente la interpretación de las normas; y respeto a sus determinaciones, siempre que sean objetivas e imparciales.
Los ataques directos a quienes integran el Poder Judicial, por el simple hecho de estar en desacuerdo con sus resoluciones, no sólo ponen en riesgo su autonomía; también vulneran indirectamente los principios fundamentales del Estado democrático de derecho. Para defender estos principios, defendamos, ahora más que nunca, a la autoridad que los garantiza: el Poder Judicial.
Senadora de la República
